jueves, 26 de diciembre de 2013

CONICYT publica manual de lenguaje inclusivo de género

La Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología (CONICYT) ha publicado un manual de lenguaje inclusivo de género en el marco del plan de trabajo de su sistema de equidad de género, pues esta institución perteneciente al estado chileno se adscribe a las políticas públicas sustentadas en la igualdad de género como se establece en el Plan de Igualdad de Oportunidades 2011-2020 entre hombres y mujeres.
Asimismo la creación de este manual se constituye en un paso adelante en la implementación de estas políticas por parte de este organismo público que desde 2012 ha impulsado una política de género que tiene por objetivo "lograr una mayor equidad de género en ciencia y tecnología a través de la promoción de acciones que garanticen un acceso igualitario a hombres y mujeres,  en todos los programas de la institución, teniendo como foco a la población usuaria de CONICYT, como asimismo a funcionarios y funcionarias".
En este sentido el director de dicho organismo, Mateo Budinich señala que la construcción de realidades a través de un lenguaje inclusivo nos permite avanzar en un trato y relación más digna entre los seres humanos, reconociendo sus diversidades y particularidades, es fundamental la identificación de oportunidades para hombres y mujeres en el ámbito científico y su correcta designación mediante el lenguaje oral y escrito.
Cabe destacar que CONICYT ha desarrollado cuatros ejes estratégicos para la consecución de su objetivo de igualdad de género:

1. Visibilizar el aporte femenino al desarrollo científico y tecnológico del país.
2. Entregar y promover la implementación de beneficios y buenas prácticas relacionadas con la igualdad de género y la conciliación familiar-laboral.
3. Instalar competencias de género y políticas públicas en el personal de CONICYT.
4.Propiciar prácticas laborales con enfoque de género en la política de recursos humanos al interior de CONICYT.

Otro aspecto importante a destacar es el papel de la consultora etnográfica en el desarrollo desarrollo del manual, la que estuvo a cargo del equipo técnico y elaboración de los textos.  Se trata de una consultora constituida por profesionales de gran calificación en las ciencias sociales, políticas publicas, economía, trabajo social y ciencias de la administración. Es así que los planteamientos epistemológicos de la consultora tienen base en disciplinas como la antropología sociocultural, las teorías de género, la psicología social – organizacional, la sociología y las ciencias políticas complementadas con elementos de metodología de investigación social cualitativa y cuantitativa de primera calidad. En su trabajo se privilegia el uso de metodologías participativas, de tutorías,  involucramiento, procesos de acompañamiento y facilitación en y para los/as participantes de sus actividades.
La directora del área de equidad de género de la consultora, Carola Naranjo destaca que el documento entrega una clara señal en el entendido de que la investigación científica de alta calidad y excelencia académica se debe llevar a cabo en contexto de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 
De modo que fruto de sus años de experiencia en la materia elabora un manual, el cual pretende otorgar una completa gama de recomendaciones para su empleo en distintas situaciones de comunicación con el fin de lograr representar adecuadamente aspectos de género inclusivos del lenguaje  en el ejercicio de la investigación científica y tecnológica del país.

Referencias:
Manual de Lenguaje inclusivo de Género la Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología (CONICYT) http://www.conicyt.cl/wp-content/uploads/2013/05/Manual-Lenguaje-Inclusivo-CONICYT.pdf







sábado, 19 de diciembre de 2009

INFORMATIVO 5 (NACIONAL): Construcción de la ciudadanía sexual. De sujeto sujetado a agente de cambio

Construction of sexual citizenship. From a subjected subject to an agent of changes

Por Clive Echagüe Alfaro y Jimena Silva Segovia *

Resumen

El núcleo de interés de este artículo, se ubica en las actitudes homofóbicas manifestadas en algunos sectores de la sociedad chilena. Éstas se analizan a través del caso de dos funcionarios de Carabineros de Chile, uniformados que fueron discriminados y presionados para renunciar a sus cargos por su orientación sexual. A nivel teórico, se pretende comprender la formación del sujeto masculino en esta institución, además cómo la institucionalidad es capaz de moldear la identidad sexual o de género. Para ello, se considera el estudio de las figuras simbólicas de masculinidad y virilidad, las cuales se articulan como comportamientos impuestos al género masculino, a partir de la socialización primaria hasta la institucionalización. Con este caso se puede ilustrar la circulación del poder institucional adscrita al discurso normalizador que penetra los procesos identitarios. En las conclusiones se exponen las vicisitudes que estos dos funcionarios, sujetos a los mandatos institucionales, logran emerger como agentes, empoderándose de derechos y obteniendo el reconocimiento de su elección de género, desbordando el poder y la censura de la organización.

Abstract
The cornerstone of this article are the homophobic attitudes noticed in some sectors of the Chilean society. Which, is analyzed in a case of two chilean Police man. Both officers were forced to quit their jobs because of their sexuality. On a theoretical view, it’s a main objective is to raise masculine workers in these institution (Carabineros de Chile). As well as, the institution is able to raise gender and sexuality. This, its considered, the study of masculine and virile symbols, which are behaviours established in the former socialization to the institutionalization. In this case, the institutional circulation of power can be illustrated,this one is inscripted in the normaliztion disscurse that takes over the identity processes. In the summaries are exposed the visceral situations, both officers are exposed to in the institution, which provoces facts to decrease their rights.They achive their sexuality rights recognizement overflowing the power and institutional censorschip.

Introducción

Desde la década de los años ochenta que las organizaciones de diversidad sexual vienen luchando por los derechos humanos de las minorías sexuales. Estos movimientos sociales, se han traducido en algunos avances legales como la derogación del artículo 365 del Código Penal chileno que penalizaba con cárcel las relaciones consentidas entre dos personas adultas del mismo sexo. Sin embargo, la violencia que se ejerce sobre hombres y mujeres, lesbianas, gays, transgéneros y bisexuales, se sigue registrando en los distintos medios de comunicación. Expresiones de dicha violencia, se visibilizan año tras año, como el incendio provocado en la discoteque “Divine” de Valparaíso en el año 1993, donde hubo casi una veintena de muertos (La Nación, 2006). Resaltan, además, la golpiza recibida por un travesti en la capital, el 19 de junio de 2004 (Opus Gay, 2004) y el ataque realizado por grupos neo-nazis contra un joven trabajador en el barrio El Golf (La Nación, 2006), entre tantos otros. Cabe destacar que desde 2002 a la fecha se han registrado más de 40 casos de personas transgéneros asesinadas, además de muertes que no han salido a la luz pública (Opus Gay, 2007), y denunciados por organizaciones de defensa de los derechos de las minorías sexuales. Es así como la violencia hacia esta población traspasa desde lo individual hacia lo institucional público de nuestro país. Es el caso que se expone en este ensayo: la controversial expulsión de dos funcionarios de Carabineros de Chile por su condición homosexual. Este hecho acaparó la atención de todos los medios de comunicación a nivel nacional. A lo largo de este trabajo, se pretende dar respuesta a la siguiente interrogante: ¿cuáles son las consecuencias de las tensiones de género de la sociedad chilena que se reflejan en la institución Carabineros de Chile?
Para responder esta pregunta, se trabajará desde una perspectiva socio construccionista y de género, que permita aproximarnos a la problemática central, desde los mecanismos del poder discursivo normalizador. Aproximación que sitúa la exclusión como núcleo central y la homofobia como su consecuencia. De esta manera, se quiere visibilizar la capacidad de agencia de los suboficiales denunciantes y exponer cómo esta confrontación con el sistema de hegemonía masculina imperante en la institución, se tensiona hasta vencer el silencio impuesto, resquebrajando una censura rígida y opresiva.
Masculinidad ofendida: exclusión y homofobia
Este trabajo intenta aportar a la defensa de los derechos humanos, en el sentido de vencer los discursos dominantes, sobre lo considerado normal y anormal; discursiva de base que forja los dispositivos de la exclusión hacia las minorías sexuales, la cual se instala en el imaginario social, alimentando la homofobia y generando violencia social. Las actitudes de discriminación contra las personas homosexuales, se han descrito de diversos modos durante los últimos 40 años. En 1972, el psicólogo George Weinberg publicó “La Sociedad y el Homosexual Sano” e introdujo un término que era nuevo para la mayor parte de los detractores, conocido desde entonces como homofobia. Con esta palabra, Weinberg claramente desafiaba el anquilosado pensamiento acerca del “problema” de la homosexualidad” (Herek, 2004:7).
Primeramente la homofobia fue entendida como “el miedo a estar con un homosexual en un cuarto cerrado” (Weinberg,1972 citado en Tin, 2003:35). Este concepto es bastante pobre, tomando en cuenta que el miedo es una emoción construida a propósito de la socialización, que crea imágenes aterrorizantes sobre ciertos eventos o personas. Mucho más explicativa resulta la definición del sociólogo Wetlzer–Lang (citado en Tin, 2003:125). Éste sugiere que la homofobia es la reacción “de modo más extenso, de la denigración sobre los hombres de cualidades consideradas femeninas y, en cierta medida, de las cualidades consideradas masculinas en las mujeres”. Además, se describen los distintos subtipos de homofobia como: “la homofobia particular”, ejercida contra gays y lesbianas, y la “homofobia general”, que toma forma social a propósito de la construcción y jerarquización de los géneros masculino y femenino” (Wetlzer-Lang citado en Tin, 2003:126). Estas definiciones dan cuenta de discursos que se han ido generando desde las distintas instituciones normalizadoras como la escuela, la familia, la milicia, entre otras. Discursos que circulan difundiendo contenidos sobre el bien y el mal, la moral, y ciertos valores dominantes al género masculino como, por ejemplo, la valentía y el coraje, la conquista de las mujeres, etc.
En los íconos de la masculinidad chilena, a nivel sociocultural e histórico, se pueden ilustrar figuras productos del discurso como el mapuche (figura guerrera y valiente), el huaso (figura masculina y llena de coraje), el “calichero de las pampas” (mujeriego y resistente), el minero (fuerte, trabajador, esforzado, sustento del hogar). Representaciones contenidas en el imaginario nacional, que supondrían una construcción de figura masculina, predominante en las raíces de la identidad chilena. En este escenario, se podría pensar que la sociedad nacional sentiría cierto temor y rechazo a la homosexualidad, a propósito de algunos comportamientos que pusieran en cuestión las figuras de virilidad del hombre, base de la familia; aquellas expresiones ligadas a lo femenino, débil y amanerado.
En el estudio estadístico realizado por psicólogos sociales, en el año 2008, con estudiantes universitarios, “Actitudes explícitas e implícitas hacia los homosexuales en Chile”, Cárdenas, Barrientos y Parra, midieron actitudes homofóbicas en una muestra de 73 hombres y 44 mujeres heterosexuales, de 17 a 25 años. Sus resultados revelaron que los hombres heterosexuales desarrollaban más prejuicios implícitos que las mujeres. Además, dieron a conocer que los prejuicios hacia los homosexuales no solo son explícitos, sino que también existen formas implícitas de discriminación hacia ellos. Estas actitudes también podrían ser comprendidas por la socialización de género, concebido como una norma internalizada desde los discursos dominantes sobre el ser hombre y mujer (Butler, 2006). Normativas socioculturales basadas en la sobrevalorización y prestigio de las cualidades consideradas masculinas y la desvalorización de las cualidades estimadas femeninas.
Estos y otros estudios dan cuenta que la homofobia se encuentra presente en los comportamientos sociales en Chile (FLACSO, 2001, 2002; Barrientos, 2005) y que en la actualidad esta forma de discriminación se refleja la mayor parte de las veces, a través de actitudes inconscientes, implícitas y automáticas. Además de modos más elaborados y sutiles, que en el pasado (Cárdenas et al, 2008). Estos hallazgos contribuyen a entender que si culturalmente la sociedad chilena, mantiene un comportamiento discriminador hacia los homosexuales, también se pueden encontrar en las instituciones. Más aún, en una forjadora de masculinidad hegemónica como Carabineros de Chile, entidad basada en un orden vertical y jerárquico que funciona a través de la obediencia escalonada.
El año 2007 se dio a conocer públicamente, a través de los medios de comunicación, el caso de dos carabineros homosexuales excluidos de la institución. En el mismo periodo, otro funcionario retirado afirmó haber vivido la misma experiencia el año 2002 (La Nación, 2007). En ese caso, las autoridades policiales al conocer su opción sexual, le presionaron a abandonar la entidad. Es conocido públicamente que al interior de Carabineros, se organizó un montaje que lo involucraba con drogas y narcotráfico; movimiento interno de la institución que garantiza su exclusión, no por su condición sexual, sino por violaciones al reglamento interno de la institución. Además, se dieron a conocer casos similares de homofobia policial como los de E.A.V.S y Manuel Rojas, junto a su pareja gendarme y la del ex subcomisario de Investigaciones, César Contreras. Es sabido que en ningún artículo del reglamento se estipula una sanción por homosexualidad en sus funcionarios.
En este artículo se estudiará el caso de los dos funcionarios que denuncian públicamente el año 2007.
Antecedentes del caso: “retiro voluntario”
El 10 de octubre del año 2007, el MOVILH (Movimiento de Integración y Liberación Homosexual) anunció por la prensa escrita y la televisión nacional que acusaría de discriminación a Carabineros de Chile, por la expulsión de dos funcionarios gays bajo presiones y acoso moral (La Nación, 2007). La organización dio a conocer la noticia, luego que estos uniformados fueran obligados a firmar su baja, determinación adoptada luego que se supiera que los funcionarios mantenían una relación amorosa de más de un año. La institución argumentaba que los policías habían firmado el acta voluntariamente. Esta denuncia causó revuelo nacional. El caso fue llevado a la Comisión de Derechos Humanos del Congreso Nacional. Los dos ex carabineros, Víctor Ricardo Rivas Pastrana (24), de la 11 Comisaría de Lo Espejo y Armando Esteban Salgado Jara (20), de la dotación de la 40 Comisaría de Fuerzas Especiales, ofrecieron su testimonio en distintos medios nacionales, a fin de informar sobre su experiencia de discriminación y homofobia, denunciando el 9 de octubre de 2007, a través del canal Chilevisión, que habían sido apartados de la institución (MOVILH, 2008)
Los afectados declararon haber sido amedrentados. “Ésta es una institución bien ‘machita’, le habían señalado sus superiores, para invisibilizar el problema. Además, para evitar que saliera a la luz pública, debía firmar la “baja voluntaria”, según lo declarado por el ex Carabinero Salgado al diario El Mercurio de Santiago, el 10 de octubre de 2007. En tanto la pareja de Salgado, el ex carabinero Rivas, fue amenazado con la divulgación de su vida privada y dar a conocer el asunto a su familia. Además, de la presión psicológica ejercida sobre él, ya que “le iría mal en la vida civil” y no podría “hacer nada fuera” de Carabineros, si esto se sabía (El Mercurio, 2007). Estos antecedentes, los decidieron a buscar ayuda legal para resguardar sus derechos y reincorporarse a la institución.
Marco de referencias teóricas
Para comprender el proceso reflexivo al que recurren los dos uniformados discriminados de Carabineros de Chile, partiremos desarrollando nociones como la formación del sujeto sujetado hasta llegar a una noción de agencia, que les permite accionar por su defensa y ampliación de derechos ciudadanos.
Formación del Sujeto
Sobre la formación del sujeto, Butler parte desde la noción de poder de Foucault, nombrando al poder como un ente ambivalente que tanto subordina como produce al sujeto. El poder no solo es condición de la existencia del sujeto, sino también una condición de su reflexibilidad, entendida como formación y funcionamiento de la conciencia. Para Butler, el momento de la formación de la conciencia se inaugura mediante una sumisión primaria al poder, que consiste en una dependencia sobre un discurso que inicia y sostiene su agencia (Butler, citada en Romano, 1999:315-316).En tanto, se puede apreciar como la institución ejerce y establece un poder previo, referido al discurso dominante, que produce y subordina a aquellos que deciden formar parte de un determinado grupo. Éste opera mediante un discurso que impone normas y un régimen de comportamiento. La institución está dotada de prácticas y normas sociales que no se pueden transgredir sin ser sancionados (Foucault, 2002), forjando de esta manera, emblemas y dogmas, que van sujetando a los miembros de éstas, imponiendo de manera implícita y explícita prácticas (dotadas desde el discurso) a través de las cuales, el sujeto va afirmando su condición como parte del grupo.Desde esta perspectiva, el sujeto va siendo sujetado a pautas de conciencia y reflexión específicas, acerca de cómo debería comportarse un hombre en los diversos escenarios sociales: la casa, la escuela, la pareja, la familia, las instituciones. En Carabineros de Chile este discurso se magnifica, idealizando la figura del “carabinero ideal”, (“un amigo en tu camino”) figura que se instala en el imaginario de la población y al interior de la misma institución con ciertos rasgos. Estos se caracterizan por esperar del carabinero un hombre protector, fuerte, dominante, valiente, intachable, infalible, entre otras características.
Los dos uniformados, al romper con lo establecido institucional y socialmente, con su opción sexual, transgreden las sujeciones y deben enfrentar la exclusión y, en el proceso por defender sus derechos, va emergiendo la agencia en ellos. Desde esta perspectiva, para que el sujeto emerja agente, debe establecerse una relación con el poder institucional, a través del cual son sujetados e intentan forjar su individuación (Foucault, 2002). El sujeto buscará desentrañarse, adquiriendo el sentido del “yo” por medio de esta misma relación. Desde la propuesta de Butler (1993) y Haraway (1995), el término agencia se aplica para comprender las transformaciones subjetivas, fundamentalmente por cuatro razones: 1) Porque nos permite entender la capacidad de actuar (agencia) no como propiedad individual, sino como posibilidad (poder hacer) compartida. Esto implica vincular la capacidad de acción con una concepción relacional del poder; y no entender ésta como un volumen de almacenamiento propiedad de un sujeto-agente. 2) Porque nos permite entender la acción como mediación entre flujos de acciones y vincular esta mediación al compromiso ético-político con una ubicación en el espacio social determinada -frente a las concepciones objetivistas de la acción que pretenden hablar desde ninguna parte (Haraway, 1995). 3) Porque nos permite incorporar la noción de responsabilidad como construcción semiótica y material de una entidad, acontecimiento o práctica como elemento dinamizador de la acción. 4) Porque subvirtiendo la distinción entre sujeto y estructura nos permite entender la capacidad de actuar como capacidad de generar conexiones entre entidades y procesos heterogéneos (Ema, 2004:14). De esta manera, luego de haber sido sujetados en una dependencia primaria con la institución, los dos carabineros generan una dinámica de negación de esta sujeción, con el fin de afirmar e identificarse como un “Yo” homosexual agente. Esto explicaría la ruptura que se produce con los emblemas propios de Carabineros de Chile como institución. Ésta forma a “sus sujetos”, subjetivándolos con el discurso que impone un “ideal ser carabinero”, toda vez que la homosexualidad se tipifica como una trasgresión de los valores tradicionales de la familia y la sociedad, en el discurso hegemónico heterosexual dominante. Así se puede observar en parte de su misión que dice: “Los valores que constituyen el pensar, sentir y actuar de Carabineros de Chile, son la fuente desde donde emanan las virtudes cardinales que desde siempre han acompañado a sus integrantes y desde las cuales cada hombre y mujer carabinero, potencia e impulsa su diario bregar. Éstos son: Prudencia, justicia, templanza, fortaleza, dignidad humana, protección de la vida, principio de proporcionalidad, secreto profesional, honestidad profesional, imparcialidad profesional, lealtad a la misión, y honor de Carabinero”.(…) “Ser una Institución integrada con la comunidad, que cuida de los suyos y se esmera en entregar un servicio de calidad, que la legitima y la hace requerida por la sociedad”. (http://www.carabineros.cl/).
Identidad sexual y de género
Siguiendo con el análisis sobre la homosexualidad, desde una perspectiva de la construcción de la identidad de género, éste es el mecanismo a través del cual se producen y se naturalizan las nociones de lo masculino y lo femenino, pero el género bien podría ser el dispositivo a través del cual dichos términos se desconstruyen y se desnaturalizan. De hecho puede ser que el mismo dispositivo que trata de instaurar la norma, funcione también para socavar esa misma instauración, que esta sea incompleta por definición (Butler, 2006:70).Además, Butler sostiene que el género es una norma, entendiendo ésta como un ente que opera dentro de las prácticas sociales, como el estándar implícito de la normalización. Las normas pueden ser explicitas; sin embargo, cuando funcionan como principio normalizador de la práctica social a menudo permanecen implícitas (esto viene a reafirmar los hallazgos realizados por Cárdenas, et al, 2008). La norma rige la transparencia, permite que ciertos tipos de relaciones sean reconocibles como tales, imponiendo una legibilidad sobre lo social y definiendo los parámetros de lo que aparecerá y lo que no, dentro de la esfera social (Butler, 2006). De esta manera, el sujeto espera, un estilo de comportamiento o una lectura de comportamiento sobre otro sujeto. Por ejemplo, un hombre sabría como tratar a otros en términos de distanciamientos. Bajo estos términos de distanciamiento, se espera que el otro actúe de determinada forma, de manera de recibir, por ejemplo, un abrazo con palmoteos en vez de un beso en la boca, lo que sería un código y una norma que el sujeto espera del otro.
Carabineros de Chile, como cualquier otra entidad que responde al discurso normalizador, de manera implícita adquiere las normas que conllevan el ser parte del género masculino. Esta adquisición hace posible que las acciones y las prácticas llevadas a cabo por ambos funcionarios sean legibles en la esfera social y dentro de su misma institución. En cierto modo, es la transparencia del género lo que los hace inteligibles a otros sujetos. Así se conciben relaciones más amplias y seguras en el proceso de socialización, incluyendo una serie de dispositivos tales como “el respeto a la institución” por parte de la comunidad, aunque no sea siempre de manera recíproca.



El mecanismo normativo del género naturaliza de cierta forma lo femenino y masculino, instaurándolos como señal determinante en los funcionarios, resaltando actitudes, orientación sexual; en definitiva; comportamientos que responden a las figuras varoniles. A su vez aprecia como se desconstruye y se rompe la normativa establecida, a través de un nuevo género: el “genero homosexual”. Según Wittig este tercer género promete trascender la restricción binaria del sexo impuesta por el sistema heterosexual obligatorio (Wittig, citado en Butler, 2001), fundamento de los discursos que responden a la base de la sociedad, la familia.
La identidad sexual está culturalmente construida como el género; tal vez siempre lo fue, con la consecuencia de que la distinción entre sexo y género existe como tal, entonces no tendría sentido definir el género como la interpretación cultural del sexo, si este es ya de suyo una categoría dotada de género. No debería concebirse el género sólo como la inscripción cultural del significado en un sexo predeterminado (concepto jurídico); también debe designar el dispositivo mismo, la producción mediante la cual se establecen los sexos entre sí. Como resultado, el género no hace a la cultura lo que el sexo es a la naturaleza; el género también es el género discursivo/cultural mediante el cual la naturaleza (naturaleza asexuada, “o un sexo natural”) se produce o establece como “prediscursivo”, previa a la cultura; una superficie políticamente neutral, sobre la cual actúa la cultura (Butler, 2001; pag 40).
El género culturalmente se podría interpretar como la noción de sexo, un imaginario que no concibe un tercer género. Es decir, las características son atribuidas a hombre-mujer por características de género y de sexo por iguales, como si el sexo dotado del género deviniera desde la naturaleza o de las supuestas leyes naturales. Podría decirse que estas características del sexo-género, son la base para la integibilidad de los sujetos y de la socialización, la normatización del género. De esta manera, se va generando la censura de la homosexualidad en las instituciones militares o policiales (Butler, 1997:217). Es de este modo cómo se van demarcando las diferencias entre sexos instaurando el sexismo y casi confundiendo este término con la masculinidad. Los sujetos van formando su identidad sexual o de género concibiendo estas dos como lo mismo, sin distinguir entre el género y el sexo. Hay sujetos que sin duda lo hacen, es el caso del travestismo, del transformismo, la homosexualidad, en donde los sujetos son capaces de separar género/sexo, género quizás como una alternativa u opción sexual, y sexo como el órgano sexual o el aparataje biológico al cual responden.
Asimismo, en las instituciones estas generalidades son interpretadas de tal manera, que van construyendo una base de sustento en lo legal, lo médico y en “lo natural”, siendo el gran sustento para esta concepción binaria del género, los principios de la sociedad, aún muy afiatado a los discursos públicos y privados de nuestra cultura. De esta manera, se articulan ciertas “facultades” que solo uno de los sexos puede cumplir, ¿Por qué una mujer no puede ser obrera?, ¿o taxista? Hoy se puede ver en el escenario social, pero hay organizaciones conservadoras de un discurso moderno, que no lo conciben y, por tanto, condenan estas prácticas. Ahora bien, con la entrada de la mujer a estos campos laborales se desborda y deshace lo que culturalmente hace al sexo. Se atribuyen características o trabajos solo para hombres en labores hechas ahora también por mujeres, asimismo como hay hombres que realizan actividades que deberían efectuar sólo mujeres, como es el caso de los primeros educadores de párvulos o estilistas.
La agencia de los dos ex uniformados permite cuestionar públicamente el accionar de Carabineros de Chile, por aplicar las concepciones binarias de género, imponiendo su concepto de masculinidad y respondiendo al sexismo imperante en la sociedad chilena. Se requiere la tarea de repensar las normativas institucionales, que contribuyan a la ampliación y modernización de las mentalidades, incorporando en el imaginario de Carabineros, la diversidad sexual que no excluye la eficiencia y efectividad del rol. Los ex funcionarios Rivas y Salgado son, sin duda alguna, claro ejemplo de esta modernización. Incluso el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Sergio Aguiló, brindó su apoyo a los afectados declarando: “Estamos hablando de funcionarios jóvenes, muy bien calificados, de conducta intachable; son funcionarios con una gran vocación. Se detectó que estos funcionarios tenían una orientación homosexual y en base a aquello se les condenó y presionó para que ellos abandonaran voluntariamente la institución” (http://www.asociatividad.cl/).
Las construcciones sociales del género: masculinidad y virilidad
Dentro del lenguaje, el concepto ‘masculino’ no sólo nombra a uno de los sexos, sino que es un constructo pensado para identificar en lo humano, la razón (masculina). Ésta se valida en tanto es falocrática, dividiendo los dos sexos. De este modo, masculino asociado a hombre se entiende, en palabras de Ibáñez como “el término ‘hombre’ designado a la mayoría dominante y a la ley de la dominación: los hombres se dividen en hombres y mujeres. La intersección entre ambos conjuntos es vacía (los homosexuales son excluidos del escenario social) (Ibañez citado en Rodríguez, 2001:2). De esta manera, todo aquello que no esté inserto en el conjunto hombres o en el conjunto mujeres, no se reconoce como existente, es nulo.
Ser masculino apunta no solo a sexo, a “tener pene”, sino a una serie de características de género, a propósito de las concepciones heterosexuales y binarias del género, que denotan la virilidad. El hombre debe ser fuerte, grande, fornido. Así, física y psíquicamente, el ser masculino ubica al hombre en una jerarquía de mayor prestigio. A través de esta jerarquía, el hombre está situado socioculturalmente, más arriba que la mujer. Respecto a las jerarquías sociales, desde la primera institución como la familia, “el padre de familia” siempre está de alguna manera situado como el cabecilla de un sistema. Desde las concepciones bíblicas. el hombre y la mujer están en un orden: primero el hombre y luego la mujer. Estos discursos se han ido internalizando, producto de la colonización en un primer momento y luego la cristianización de los habitantes de Latinoamérica. Entonces estos discursos constituyen al género y al sexo socioculturalmente, forjando desigualdades entre los mismos. En Carabineros de Chile, por ejemplo, existen estas relaciones de jerarquía y mandato vertical, características institucionales que denotan la concepción binaria del género y la masculinidad, que son la base de sustento en la institución. Su himno, por ejemplo, expresa: “duerme tranquila, niña inocente/ sin preocuparte del bandolero,/que por tu sueño dulce y sonriente/ vela tu amante carabinero” (http://www.carabineros.cl/).
Particularmente esta estrofa alude a la figura protectora que se instala en el imaginario social sobre los miembros de esta institución, de una manera masculina. “Carabinero” en jerarquía de protección y vulnerabilidad a “la niña inocente”, que ilustra la simbólica central levantada en torno a esta figura. Asimismo, por ese carácter protector construido en torno a sus funcionarios, se inviste toda la institución de emblemas de heroísmo, intrepidez, bravura, características asociadas simbólicamente al sexo masculino; por tanto, la institución misma se levanta como ícono falocentrado.
El ser masculino-heterosexual implica, de cierta manera, una simulación (Baudrillard, 2002). Esto se explica en el sentido de que el ser humano al ser socializado bajo ciertos patrones rígidos de comportamiento, incorpora pautas que se traducen en guiones para la acción en la vida social. Estos guiones se internalizan al interior de los grupos socializadores inscribiéndose desde el discurso hasta la práctica. Ser masculino en sociedades jerarquizadas y autoritarias se impregna de sexismo, marcando desigualdades respecto al sexo y al género. En el caso de instituciones como Carabineros de Chile, en donde la masculinidad es un aspecto intrínseco, propio de aquella institución, imponer “orden” es una actitud o un imaginario que sitúan a estos hombres en razones de poder “por sobre los demás”. Un carabinero es más que un ciudadano común y corriente; debe ser, entre otras exigencias, masculino y, por ende correcto, intachable ante los ojos de una sociedad heterosexual dominante. Se consuma así una normalidad dotada de masculinidad y, por tanto, del simulacro masculino que engendra la institución y que produce también a sus miembros. Dentro de este simulacro masculino, la intersección entre ambos sexos “hombre y mujer”, masculino y femenino a la vez, un homosexual sería en este sentido, inadmisible (Rodríguez, 2001). El papel que puede cumplir un homosexual puede ser mirado desde las perspectivas masculinas, como una manera de intersección entre ambos sexos. En un sentido más simple, porque es un hombre que gusta de otros hombres y, por supuesto, ese es un comportamiento esperado en las mujeres.
Si un hombre es capaz de intersectar ambas funciones, masculinas y femeninas, es nulo e inteligible (Ibáñez citado en Rodríguez, 2001). Entonces, según estos postulados, en una institución como Carabineros de Chile ser homosexual y mantenerse en sus filas es una transgresión institucional, que amerita sanción ejemplificadora. Más aún, lo será hacer pareja al interior de la institución. Esta opción resulta un grave quebrantamiento de la base valórica y moral que sostiene la masculinidad hegemónica de Carabineros, al fragilizar el edificio normativo públicamente. Desde la perspectiva institucional, ésta se vería desvalorizada ante los ojos de la sociedad. Esta figura se ilustra en el discurso de:
El mayor Muñoz repitió la pregunta, pero esta vez indagó en su relación con Salgado. Rivas negó todo. La respuesta de Muñoz a las negativas fue dura: “Ya sabís ya, poh, firma tu baja voluntaria, si no te vai a ir por la puerta chica. Te va a ir mal en la vida civil, le vamos a contar a tu familia. La Dipolcar [Dirección de Inteligencia Policial de Carabineros] los investigó, tenemos pruebas, no me hagas abrir las carpetas” (Testimonio de ex carabinero Rivas, La Nación 14 de Octubre, 2007).
Como resultado de esta tensión entre la ampliación de las prácticas afectivas y sexuales de sus miembros y el orden interno e imaginado por sus representantes y la sociedad misma, los carabineros transgresores deberían salir de la institución. Se les expulsa, porque se ubican precisamente en ese punto de lo vacío, nulo, entre lo masculino y lo femenino. Simbólicamente se les niega realidad y existencia. Se les censura por hacer pública esta diferencia, quedando expuesta la homofobia como formas de respuesta, frente a lo aterrorizador que resulta lo “otro”, diferente o desconocido. La homosexualidad como una de las expresiones humanas que amenazan la regulación y normalización institucional a la que se someten sus autoridades y sus miembros. Esto demostraría que las instituciones policiales operan con cuotas de un poder instituido, como diría Castoriadis (1989) el que les ofrece continuidad a lo largo de la historia. Estos dos carabineros vendrían a ejercer otro poder instituyente, que es el que genera cambios, el que produce transformaciones, remece las estructuras generando desequilibrios. Poderes que hacen avanzar a las sociedades, que las flexibilizan abriéndose a nuevos discursos, nuevos lenguajes y nuevas prácticas.
El poder, el discurso normalizador y la censura
Como se ha explicado anteriormente, la homosexualidad es condenada por la institución a través de estos dos carabineros obligados a renunciar. Aquí situaremos el núcleo del problema: el sujeto anómalo que emerge como un monstruo, sujeto homosexual que correspondería, según Foucault (2001:61), al “monstruo sexual”, práctica considerada por la sociedad de tradiciones como una desviación, una malformación en el género o una enfermedad.
Me quitaron todo: mi uniforme, mi tica, mi placa. Me estaban echando como si fuera un delincuente. (Testimonio del ex uniformado Salgado en La Nación, 14 de Octubre de 2007) Según ese enfoque, que ha sido cuestionado por las convenciones de defensa de las minorías sexuales, resulta una violación a los derechos humanos, toda vez que estos sujetos cumplían con las exigencias reglamentarias de su función. Sin embargo, para una institución como Carabineros de Chile, esto es claramente inaceptable.
Rivas en un comunicado a la Radio Cooperativa el 11 de octubre del 2007 señaló: “nunca dimos que hablar, ni manchamos el uniforme (…) siempre mantuvimos en reserva nuestra relación”. Estos mecanismos de censura que operan entre los militares, están implicados en la eliminación de figuras como la homosexualidad por atentar contra las normas que gobiernan la masculinidad del sujeto militar masculino y femenino. Es posible pensar que el rechazo a la homosexualidad en el ámbito militar, responda a la idea de evitar el debilitamiento de la fuerza, cohesión y unidad, atribuida imaginariamente a la heterosexualidad como verdad imperante. Estos debates han sido ampliamente conocidos ya en Estados Unidos en los años 70’s, a propósito de la constante persecución de militares hombres y mujeres homosexuales. La “salida del closet” y la defensa de su derecho a pertenecer a instituciones uniformadas a nivel legal, logró la promulgación de políticas públicas implícitas de género y comportamiento sexual que favorecieron su permanencia y reinserción (Butler, 1997:217). En Chile el escenario, al parecer, es totalmente distinto. Casos como estos, pocas veces han salido a la luz pública y no se ha logrado grandes beneficios en términos de derechos para la población militar.
Aceptar que dos integrantes declaren su opción homosexual, en las filas uniformadas, resulta una empresa difícil para la institución de Carabineros. Fundamentalmente, si se toma en cuenta cómo opera el imaginario social al interior y al exterior de los cuarteles y en la sociedad. Este caso pone a la ciudadanía de frente a la discriminación y homofobia, como fenómenos que no logran emerger de los esquemas rígidos de pensamiento de la sociedad chilena. Pareciera que no se logra expandir las herramientas reflexivas con que se cuenta, hasta lograr armonizar prácticas con discursos, desarrollando dinámicas relacionales que fluyan en sintonía con los tiempos actuales y los procesos de subjetivación humana, que han avanzado y se han diversificado. La velocidad de los cambios es mayor en comparación con la capacidad instalada en las/los ciudadanos para comprender la diversidad. Como mecanismo de defensa todo aquello que se visualiza diferente, es excluido del campo de aceptación; actitudes que van alimentando la homofobia y la intolerancia de estas expresiones humanas, convirtiéndolas en “tabúes”. Estos grupos que optan por la diversidad sexual son ubicados como anormales o, simplemente, parias de una sociedad en vías de transformación, que requiere revisar constantemente el tipo de democracia que construye.


Conclusiones

Desde la exclusión hacia una ciudadanía sexual. La defensa de los dos carabineros En síntesis, la novedad imposible va produciéndose a través de diversos acontecimientos que comienzan por un primer acto que se constituye con la expulsión de los uniformados al hacer pública su condición sexual. El segundo acto, lo compone la denuncia por discriminación y homofobia. El tercero, su constitución en agentes de la defensa de sus derechos hasta los acuerdos para la reparación.
Los sujetos que demandaron: Salgado y Rivas se reunieron con la Subsecretaría de Carabineros para solicitar garantías al gobierno. A través de esta gestión lograron un apoyo del movimiento de integración y liberación homosexual (MOVILH), exponiendo y denunciando con pruebas, atropellos a los derechos de seis ex uniformados, entre éstos un ex integrante de Investigaciones, otro de Gendarmería. Juntos buscaron ayuda y orientación en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. Acciones que movilizaron a representantes de distintos estamentos del gobierno que manifestaron apoyo a su causa, algo trascendental para todos los sectores excluidos. La comisión pidió al Senado que aprobara en breve el proyecto de ley que establece medidas contra la discriminación, iniciativa que incluye a la “orientación sexual” y al “genero” como categorías protegidas, tras una lucha de 10 años liderada por el MOVIHL.
La agencia se logra ocupando los espacios públicos y los dispositivos de poder disponibles para la ampliación de la ciudadanía. Desde la denuncia inicial se produce un debate público sobre la homofobia policial, poniendo en el escenario un debate nunca visto desde la apertura a la democracia. Frente a estos acontecimientos, queda explícita la capacidad de agencia de los ex carabineros, ya que operan generando-subvirtiendo conexiones, actuando, conectando, desconectando y reconectando nuevos significados para su opción sexual y nuevas posibilidades de derechos ciudadanos, no sólo para ellos, sino para todo el colectivo de minoría sexual uniformada (Ema, 2004).
Su agencia les permita pasar de sujetos excluidos y discriminados hacia la construcción de protagonistas de sus alternativas de vida, que les facilita enfrentar o actuar la adversidad. En consecuencia, también, generaron nuevas subjetividades, se enriquecieron sus formas de pensar y actuar ante situaciones negativas. Su agencia ofrece perspectivas de cambio a otros ex miembros de Carabineros que habían sido sujetos de las mismas violaciones a sus derechos.
Con Foucault, sabemos que no existe sujeto-agente antes del poder, de tal manera que pueda ser coaccionado por éste. El poder está presente en las microfibras de las relaciones sociales y, en este caso, en el contexto de la institución de Carabineros, en los distintos niveles de las jerarquías, dependiendo de la capacidad de agencia de sus miembros.
Finalmente, como el acta de “renuncia voluntaria” ya estaba firmada, los dos funcionarios homosexuales debieron recomenzar sus vidas, ya no como carabineros sino como ciudadanos homosexuales: Frente a esta situación, el Ministerio de Educación les otorgó una beca para que pudiesen estudiar para así ejercer otra profesión, además de esperar que la justicia diera el pie para reintegrarse en la institución (El Mercurio de Santiago, 2007).
La agencia de estos dos ahora ciudadanos homosexuales, no quedó en la referida beca; con el apoyo del MOVILH y del abogado Alfredo Morgado, solicitaron la re integración a la institución el 3 de julio de 2008, haciendo referencia a que se respetaran las palabras del señor Bernales acerca de que Carabineros no discriminaba. En tanto, en el caso de otros funcionarios de instituciones policiales como el de César Contreras, quien envió su solicitud el 25 de marzo, aún no ha recibido respuesta, al igual que Rivas y Salgado, quienes han sufrido el peso de ser homosexuales en Chile y a la espera de lo que dictaminen las autoridades respecto a su situación.
En los debates públicos y legales, durante el 2007 no hubo ninguna autoridad en ejercicio de las Fuerzas Armadas o de Orden que relativizara el derecho de las minorías sexuales a ser parte de esas instituciones, tanto así que Carabineros se vio en la obligación de emitir declaraciones expresas sobre la materia, aún cuando se negaron las ilegítimas y comprobadas prácticas que se venían cursando para expulsar a quienes eran identificados como gays. Así, en el 2007 quedó claro para toda la ciudadanía que las minorías sexuales pueden ser parte de las Fuerzas Armadas y de Orden, y que además no existe ninguna normativa o principio ético o moral contrario a ello y de eso debieron en forma inédita dar garantías los Altos Mandos ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados (Informe MOVILH, 2007).

Notas y referencias
Este trabajo es el producto final de reflexiones teóricas logradas durante el curso de Psicología Social Contemporánea de la Carrera de Psicología de la Universidad Católica del Norte.

* Jimena Silva Segovia Psicóloga, Doctora en Antropología Sociocultural y Clive Echagüe Alfaro Estudiante de 4º año de Psicología, Universidad Católica del Norte.

Este articulo originalmente fue publicado en la Revista Tercer Milenio, de la escuela de periodismo de la Universidad Católica del Norte, Antofagasta, Chile.
http://www.tercermilenio.ucn.cl/tercer%20milenio%2017/art08.html


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Diez falacias sobre los problemas sociales de América Latina

BERNARDO KLIKSBERG*


¿ Qué piensan los latinoamericanos sobre lo que está sucediendo en la región?

Cuando se les pregunta algo tan concreto sobre si creían que están viviendo mejor o peor que sus padres, sólo un 17% dijo que mejor, la gran mayoría sentía que su situación había empeorado (Latín Barómetro, 1999). Esta respuesta evidencia un hondo sentimiento de descontento. Las mayorías tienen bien claro en el continente cuáles son las causas de su disconformidad. Son bien conscientes de ellas. Y distinguen perfectamente causas aparentes de otras más profundas. Cuando se les interroga sobre si creen que la democracia es preferible a cualquier otro sistema de gobierno, muestran un apoyo masivo al sistema democrático y sus ideales. Dos terceras partes lo prefieren, y sólo un 20% sigue exhibiendo inclinaciones hacia el autoritarismo. Pero cuando se profundiza expresan que están fuertemente insatisfechos con cómo está funcionando la democracia en sus países. Solo el 35% esta satisfecho con su funcionamiento. En la Unión Europea, para comparar, es el 47%, en Dinamarca el 84%. Los latinoamericanos han elegido la democracia como forma de vida, y la respaldan consistentemente, pero «democráticamente» están muy disconformes con su desempeño concreto.
Algunas causas de la insatisfacción son políticas, pero tienen un peso decisivo las económico-sociales. La gran mayoría considera que los problemas vinculados con la pobreza han empeorado. Se refieren a carencias en oportunidades de trabajo, acceso a salud, acceso a una educación de buena calidad, incertidumbre laboral, bajos sueldos.
Agregan a ello temas como el agravamiento de la corrupción, la delincuencia y el tráfico de drogas. Además testimonian que sienten que ésta es una región donde existen grandes desigualdades y sienten agudamente esa situación.
Los dos únicos países donde los promedios de satisfacción con el desempeño del sistema democrático son mayores a los de la Unión Europea son Costa Rica y Uruguay, donde más del 60% de la población está satisfecha con su funcionamiento. Son dos países que se caracterizan por tener los más bajos niveles de desigualdad de toda la región, y por haber desarrollado algunos de los más avanzados sistemas de protección social.
Las encuestas reflejan que la población esta clamando por cambios, a través de la democracia no por otra vía, que permitan enfrentarlos agudos problemas sociales. Los avances en ese camino parecen encontrar obstáculos formidables en la región si se juzga por los limitados resultados alcanzados. Algunos tienen que ver con la existencia de fuertes intereses creados y de privilegios derivados del mantenimiento de la situación vigente.
Otros con las dificultades derivadas de la inserción económica de la región en la nueva economía internacional. Otros, del funcionamiento defectuoso de instituciones y organizaciones básicas. A éstos y otros más se suma la profusa circulación de ciertas falacias sobre los problemas sociales que llevan a adoptar políticas erróneas y a emprender caminos que alejan de la salida del largo túnel en que esta sumida buena parte de la población. No son el único factor de retraso, pero claramente su considerable influencia en sectores con mucha incidencia en la toma de decisiones obstruye seriamente la búsqueda de alternativas renovadoras y el paso a una nueva generación de políticas económicas y sociales.
El objetivo de este trabajo es llamar la atención sobre estas falacias, para estimular la discusión amplia y abierta sobre las mismas, con vías a su superación. Se presentan a continuación algunas de las principales, se analizan algunos de sus efectos en el diseño de políticas y se examina su consistencia. Se trata sobre todo de procurar ponerlas en foco, e invitar a una reflexión colectiva sobre ellas.

Primera falacia: la negación o minimización de la pobreza


Existe una intensa discusión metodológica sobre cómo medir la pobreza en la región. Sin embargo, a pesar de los diversos resultados que surgen de diferentes mediciones los estudios tienden a coincidir en dos aspectos centrales: a) Las cifras de población ubicada por debajo del umbral de pobreza son muy elevadas; b) Existe una tendencia consistente al crecimiento de dichas cifras en los últimos 20 años. Las cifras se deterioraron severamente en los ochenta, mejoraron discretamente en parte de los 90, pero en los años finales de la década aumentaron significativamente. En su conjunto, la pobreza en la región es mayor en 2000 que en 1980, tanto en términos absolutos como en porcentaje sobre la población total.
La CEPAL estima en su Panorama Social de América Latina 2000 que la población en situación de pobreza pasó de 204 millones de personas en 1997 a no menos de 220 millones a comienzos de 2000.
Analizando la estructura de la fuerza de trabajo en ocho países de la región que comprenden el 75% de su población total (Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, México, Panamá y Venezuela), la CEPAL constata que el 75% de la población que tiene ocupación “percibe ingresos promedios que en la mayoría de los países no alcanzan por si solos para sacar de la pobreza a una familia de tamaño y composición típica”.
Como puede observarse, desde los 80 se produce una firme elevación del número de personas que gana menos de dos dólares diarios.
Verrier (1999) señala que en toda América Latina había entre 1970 y 1980, cincuenta millones de pobres e indigentes, pero que en 1998 ya eran 192 millones. La Comisión Latinoamericana y del Caribe para el Desarrollo Social presidida por Patricio Aylwin (1995) considera que se hallan en la pobreza “casi la mitad de los habitantes de América Latina y el Caribe”.
Diversas mediciones nacionales señalan con las diferencias propias de cada realidad la extensión y profundidad de la pobreza. Un informe detallado sobre Centroamérica (PNUD-Unión Europea 1999) señala que son pobres el 75% de los guatemaltecos, el 73% de los hondureños, el 68% de los nicaragüenses y el 53% de los salvadoreños.
Las cifras relativas a la población indígena son aún peores. En Guatemala se halla por debajo de la línea de pobreza el 86% de la población indígena frente al 54% de los no indígenas. En Venezuela se estimaba la pobreza entre el 70 y el 80% de la población. En Ecuador en un 62.5%. En Brasil se estima que el 43.5% de la población gana menos de dos dólares diarios, y que 40 millones de personas viven en la pobreza absoluta. Aún en países donde tradicionalmente las cifras de pobreza han sido bajas, como en la Argentina, el Banco Mundial ha estimado que vive en la pobreza casi la tercera parte de la población y el 45% de los niños. En las provincias más pobres, como las del nordeste, la tasa es del 48.8%.
Uno de los tantos indicadores del grado de “rigidez”de la pobreza latinoamericana lo proporcionan las proyecciones sobre niveles de educación e ingresos. La CEPAL (2000) afirma en base a ellas que “10 años de escolaridad parecen constituir el umbral mínimo para que la educación pueda cumplir un papel significativo en la reducción de la pobreza; si se tiene un nivel educativo inferior a 10 años de escolaridad y no se poseen activos productivos, son muy escasas las probabilidades de superar los niveles inferiores de ingreso ocupacional”. El promedio de años de escolaridad en la región se ha estimado en 5.2, virtualmente la mitad del mínimo necesario para tener posibilidades de emerger de la pobreza.
Frente a estas realidades, la alternativa lógica es partir de ellas y tratar de encontrar vías innovadoras para enfrentarlas. Sin embargo, en el discurso público latinoamericano de las dos últimas décadas ha sido reiterada la tendencia de algunos sectores a optar por otra vía, la negación o minimización del problema. La falacia funciona a través de diversos canales. Uno es la relativización de la situación. “Pobres hay en todos lados”acostumbraba a señalar un mandatario de un país latinoamericano frente al ascenso de las cifras de pobreza en su país durante su periodo gubernamental. En materia económico-social lo conveniente es siempre desagregar los datos, y tener una perspectiva comparada e histórica para saber cuál es la situación real. Los países desarrollados también tienen efectivamente una parte de la población por debajo de la línea de pobreza. Pero hay varias diferencias. Por una parte, las cifras difieren muy significativamente. La población pobre es normalmente en ellos menor al 15%. Es muy diferente tener entre una sexta y una séptima parte de la población en situación de pobreza, que tener a casi la mitad de la población en ese estado. No sólo es una diferencia cuantitativa, es otra escala que implica considerables diferencias cualitativas. En los países desarrollados se habla de “islotes de pobreza” o de “focos de pobreza”. En vastas áreas de América Latina es muy difícil reflejar la realidad con ese lenguaje. La pobreza es extensa, diversificada y tiene actualmente incluso una fuerte expresión en las clases medias, cuyo deterioro económico ha generado un estrato social en crecimiento, denominado “los nuevos pobres”.
No hay «focos de pobreza» a erradicar, sino un problema mucho más amplio y generalizado que requiere estrategias globales. Por otra parte, la comparación estricta podría llevar a identificar que la brecha es aún mucho mayor. Las líneas de pobreza utilizadas en los países desarrollados son mucho más altas que las empleadas normalmente en América Latina. Así, la difundida tendencia a medir la pobreza considerando pobres a quienes ganan menos de 2 dólares diarios, es muy cuestionable. En todos los países de la región la línea de pobreza está muy por encima de esa cifra. Otro pasaje usual del discurso negador es la afirmación de “que pobres hubo siempre”, por tanto no se entiende por qué tanto énfasis en la situación actual. Allí la falacia adquiere el tono de la historicidad. Uno de los razonamientos más utilizados cuando se trata de relavitizar un problema grave es quitarle el piso histórico.
La pobreza ha existido en América Latina desde sus orígenes, pero el tema es ¿Cuáles son las tendencias presentes? ¿En qué dirección apuntan, van hacia su disminución, su estancamiento o su incremento?
En los últimos 20 años han aparecido suficientes evidencias como para preocuparse. Los indicadores han experimentado un deterioro; con altibajos y variaciones nacionales, las cifras han ascendido. Son muy pocos los casos en los que la pobreza se ha reducido considerablemente.
La falacia de desconocer o relativizar la pobreza no es inocua. Tiene severas consecuencias en términos de políticas públicas. Si hay pobres en todos lados, y los ha habido siempre, ¿por qué dar al tema tan alta prioridad? Hay que atenuar los impactos, pero no asustarse. Basta con políticas de contención rutinarias. La política social no es la importante. Es una carga de la que no es posible desprenderse, pero como se trata de afrontar un problema que siempre existirá y todos los países tienen, cuidado con sobreestimarla. En algunas de las expresiones más extremas de la falacia, se procuró en la década pasada eliminar de agendas de reuniones relevantes, la «pobreza», a la que se consideró en sí como demasiado cargada de connotaciones.
Además de conducir a políticas absolutamente incapaces de enfrentar la pobreza, la falacia expuesta entraña un importante problema ético. No sólo no da soluciones a los pobres, lo que lleva a la perduración y acentuación de situaciones de exclusión humana antiéticas, sino que va aún más lejos; a través de la minimización y la relativización se está cuestionando la existencia misma del pobre.


Segunda falacia: paciencia histórica, la pobreza no mata

Con frecuencia el razonamiento explícito o implícito que se despliega frente a los problemas sociales por parte de sectores influyentes gira alrededor de la necesidad de una cierta “paciencia histórica”. Se trata de etapas que deben sucederse las unas a las otras. Habrá una etapa de “ajustarse el cinturón”, pero luego vendrá la reactivación y posteriormente ella se «derramará» hacia los desfavorecidos y los sacará de la pobreza. Lo social debe esperar, y se necesita entender el proceso, y guardar paciencia mientras las etapas se suceden. Independientemente del amplio cuestionamiento que existe actualmente a esta visión del proceso de desarrollo, queremos poner énfasis aquí en uno de sus elementos. El mensaje que se está enviando es, de hecho, que la pobreza puede esperar. ¿Realmente puede esperar? La realidad indica que el mensaje tiene una falla de fondo: en muchísimos casos, los daños que puede causar la espera son simplemente irreversibles, después no tendrán arreglo posible.
Veamos. Una buena parte del peso de la pobreza recae en América Latina sobre los niños y los adolescentes. En 1997, según CEPAL (2000), el 58% de los niños menores de 5 años de la región era pobre, lo mismo sucedía con el 57% de los niños de 6 a 12 años y con el 47% de los adolescentes de 13 a 19 años. Siendo en su conjunto los menores de 20 años el 44% de la población de la región, representaban en cambio el 54% de todos los pobres. Las cifras verifican que efectivamente, como fue subrayado por UNICEF, «en América Latina la mayoría de los pobres son niños y la mayoría de los niños son pobres».
Esa no es una situación neutra. Como subrayara Peter Tonwsed, “la pobreza mata”. Crea factores de riesgo que reducen la esperanza de vida y desmejoran sensiblemente la calidad de la vida. Los niños son los pobres de América Latina según lo visto, y al mismo tiempo, por naturaleza, los más vulnerables. Sobre esos niños pobres operan varios factores que son generadores, entre otros aspectos, de lo que se denomina “un alto riesgo alimentario”, insuficiencias elementales, entre ellas la posibilidad de que puedan alimentarse normalmente. Los resultados de déficits de este orden causan daños múltiples. Entre ellos, se estima que los primeros años de vida se desenvuelven buena parte de las capacidades cerebrales. La falta de una nutrición adecuada genera daños de carácter irreversible. Investigaciones de UNICEF (1995) sobre una muestra de niños pobres determinaron que a los cinco años la mitad de los niños de la muestra presentaba retrasos en el desarrollo del lenguaje, un 30% atrasos en su evolución visual y motora, y un 40% dificultades en su desarrollo general.
La desnutrición causa asimismo déficit en el peso y talla de los niños y ello va a repercutir fuertemente en su desenvolvimiento. Entre los factores generadores de riesgo alimentario se hallan: la falta de recursos de la familia, el carácter monoparental de la misma y la baja educación de las madres.
Existe una robusta correlación estadística entre estos factores y la desnutrición infantil. En la América Latina actual los tres factores tienen significativa incidencia. Como se señaló, numerosas familias tienen ingresos menores a los imprescindibles, se estima que cerca de un 30% de los hogares está a cargo de madres solas; en su gran mayoría se trata de hogares humildes, y el nivel educativo de las madres pobres es muy bajo. La pobreza del hogar puede significar que muchas madres estarán a su vez desnutridas durante el embarazo. Es probable entonces que el hijo tenga anemia, déficit de macronutrientes esenciales y bajo peso. Ello puede amenazar su misma supervivencia o atentar contra su desarrollo futuro. Si, además, la madre esta sola al frente de la familia, tendrá que luchar muy duramente para buscar ingresos. Sus posibilidades de dedicación al niño en las críticas etapas iniciales serán limitadas. El factor educativo influirá asimismo en aspectos muy concretos. Así, las madres con baja escolaridad tendrán poco información sobre cómo manejarse apropiadamente respecto a la lactancia materna, cómo armar dietas adecuadas, cómo cuidar sanitariamente los alimentos, cómo administrar alimentos escasos. En 1999, en 10 de 16 países de la región entre un 40 y un 50% de los niños urbanos en edad preescolar formaban parte de hogares cuya madre no había completado la educación primaria. En las zonas rurales en 6 de 10 países analizados el porcentaje era de 65 a 85%. Entre Diez falacias sobre los problemas sociales de América Latina en los cuatro restantes, de 30 a 40%. Si se toman sólo los niños menores de 2 años de edad, entre el 20 y el 50% de los niños de la gran mayoría de los países vivían en 1977 en hogares con un ingreso por miembro inferior al 75% del valor de la línea de pobreza, y cuya madre no había completado la educación primaria.
La acción combinada de estos y otros factores lleva al sombrío panorama que capta CEPAL (2000): “Al año 2000 se estima que aproximadamente el 36% del total de niños menores de 2 años de América Latina están en situación de alto riesgo alimentario”. Los cuadros nacionales son alarmantes en diversos países. En Nicaragua estimaciones del Ministerio de Salud (1999) indican que el 59% de las familias cubre menos del 70% de las necesidades de hierro que requiere el ser humano, el 28% de los niños de menos de 5 años padece anemias por el poco hierro que consumen, 66 de cada 100 niños tienen problemas de salud por falta de vitamina A. El 80% de la población nicaragüense consume sólo 1700 calorías diarias cuando la dieta normal debería ser no menor a las 2125 calorías.

En Venezuela un niño de 7 años de los estratos altos pesa en promedio 24.3 kgs. y mide 1,219 m. Uno de igual edad de los sectores pobres pesa sólo 20 kg. y mide 1.148 m. Aun en países con tanto potencial alimentario como la Argentina las estadísticas informan que en el Gran Buenos Aires, una de las principales áreas demográficas, uno de cada cinco niños está desnutrido.
Muchos de los países de la región tienen importantes condiciones naturales para producir alimentos. Sin embargo, como se ha visto, una tercera parte de los niños más pequeños padece inseguridad alimentaria pronunciada. Ello parece difícil de entender. Influyen factores como los que identifican la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la CEPAL en investigación conjunta (1998): “Se observa en casi todos los países de la región un incremento en enfermedades no transmisibles crónicas asociadas con alimentación y nutrición.
Las medidas de ajuste implementadas por los países han afectado la disponibilidad nacional de alimentos y han tenido repercusiones negativas sobre el poder de compra de los grupos más pobres amenazando la seguridad alimentaria”.
Así como la falta de alimentación causa daños no reparables posteriormente, lo mismo sucede con otras expresiones de la pobreza, como los déficits que afrontan los desfavorecidos en la región en dos aspectos básicos: el agua potable y la existencia de alcantarillado y sistemas de eliminación de excretas. Ambos elementos son decisivos para la salud. Amplios sectores de la población pobre tienen dificultades muy fuertes para obtener agua potable o tienen que comprarla a precios muy elevados. Asimismo carecen de instalaciones de alcantarillado adecuadas, lo que significará graves riesgos de contaminación a través de las napas subterráneas y de contaminación del medio ambiente inmediato a la vivienda. Según los cálculos de la OPS, cerca de la tercera parte de la población de la región carece de agua potable y/o alcantarillado. El 30% de los niños menores de 6 años vive en viviendas sin acceso a las redes de agua potable y el 40% en viviendas sin sistemas adecuados de eliminación de excretas. Cuando se analiza por países se observan datos como los que siguen, que describen los porcentajes de niños de menos de 5 años de edad que habitaban viviendas sin conexión a sistemas de evacuación por alcantarillado en 1998 (CEPAL 2000): Paraguay 87, Bolivia 66, Brasil 59, Honduras 47, El Salvador 45, Venezuela 26, México 24. La acción de estos factores genera mortalidad infantil y riesgos graves para la salud, como los contagios y las infecciones intestinales. En 11 países la diarrea es una de las dos principales causas de muerte en niños de menos de un año.
Nuevamente se trata de daños de carácter irreparable. La falacia de la paciencia, respecto a la pobreza, niega de hecho el análisis de la irreversibilidad de los daños. Lleva a políticas que bajo la idea de que las cosas se arreglaran después, no priorizan cuestiones elementales para la supervivencia. Nuevamente, además de las ineficiencias que significan esas políticas en cualquier visión de largo plazo de una sociedad hay una falta ética fundamental. Frente a la pobreza debería aplicarse una “ética de la urgencia”, no es posible esperar ante problemas tan vitales como los descriptos.
Esta falacia desconoce el carácter urgente que tiene, la solución de éstas y otras carencias básicas.


Tercera falacia: el crecimiento basta o la copa de champagne que se derrama

El pensamiento económico ortodoxo de gran difusión en la región lanza el mensaje básico de que todos los esfuerzos deben ponerse en el crecimiento. Dirige las miradas a los pronósticos sobre el aumento del producto bruto y del producto bruto per cápita.
Despierta las expectativas de que todo está bien si ellos crecen a un buen ritmo. Plantea explícitamente, como se mencionó, que logradas metas importantes de crecimiento todo lo demás se resolverá. El mismo fluirá hacia abajo, a través del famoso efecto “derrame”, y ello solucionará los «rezagos» que pudieran existir en el campo social.
El siglo XX ha enseñando muy duramente, una y otra vez, que el último juez que decidirá si las teorías sobre el desarrollo son validas o no, no es su grado de difusión, sino lo que cuentan los hechos. Ellos han desmentido muy claramente que la realidad funcione como la ortodoxia supone que debería funcionar. Las promesas hechas a América Latina a comienzos de los 80 sobre lo que sucedería si se aplicaba el modelo convencional no se cumplieron en la práctica. Describiendo los productos concretos de lo que llama la “forma de hacer economía”, que “América Latina escogió en los años recientes”, señala Ricardo French Davis (2000): «El resultado es una fuerte inestabilidad del empleo y la producción, una mayor diferenciación entre ricos y pobres y un crecimiento medio modesto: sólo 3% en este decenio, y con una profunda desigualdad». Efectivamente, los datos indican que el crecimiento fue muy discreto, no se derramó automáticamente, la desigualdad aumentó significativamente, la pobreza no se redujo.
Frente a este juicio de la realidad, ¿no correspondería revisar el razonamiento usual? Joseph Stiglitz (1998) sugiere que ha llegado la hora de hacerlo. Se refiere a la vision general, uno de cuyos componentes esenciales es la idea de que el crecimiento basta. Argumenta:
“Muchos países han aplicados las recomendaciones intelectualmente claras, aunque generalmente difíciles políticamente del consenso de Washington. Los resultados no han sido sin embargo del todo satisfactorios. Esto tiene varias explicaciones. ¿Será porque algunos no siguieron correctamente las recetas económicas? Tal vez. Sin embargo yo argumentaría que la experiencia latinoamericana sugiere que deberíamos reexaminar, rehacer y ampliar los conocimientos acerca de la economía del desarrollo que se toman como verdad mientras planificamos la próxima serie de reformas”.
La experiencia de América Latina y otras regiones del globo indica que el crecimiento económico es imprescindible, es muy importante tratar de aumentar el producto total de una sociedad. Son fundamentales asimismo el desarrollo de las capacidades tecnológicas, de la competitividad, y un clima de estabilidad económica. Pero enseña también que es simplificar extremadamente el tema del desarrollo y de sus dimensiones sociales, aventurar que el crecimiento económico
sólo producirá los resultados necesarios. El informe del Banco Mundial sobre la pobreza 2000, que expresa la política oficial de dicha institución, plantea la necesidad de pasar a una visión más amplia de la problemática del desarrollo. Comentando su enfoque diferencial señala un influyente medio, el Washington Post (2000): “La publicación del Informe Mundial de desarrollo del Banco Mundial representa un significativo disenso del consenso sostenido entre economistas de que la mejor vía para aliviar la pobreza es impulsar el crecimiento económico, y que la única vía para hacerlo es a través de mercados libres y abiertos. El informe hace notar que incluso una década después de que las economías planificadas de Europa oriental fueran desmanteladas y el comercio y la inversión global alcanzaran niveles récord, 24% de la población mundial recibe ingresos menores a un dólar diario. La conclusión ineludible de acuerdo a los economistas y expertos en desarrollo del Banco es que mientras el crecimiento económico puede ser un ingrediente necesario para reducir la pobreza, no lo puede hacer solo”.
Otro informe posterior del Banco Mundial, «La calidad del crecimiento » (2000), elaborado por otros equipos del mismo, plantea también vigorosamente el mismo tipo de argumento básico. Dice en su presentación Vinod Thomas, director del Instituto del Banco (The Economist 2000): “La experiencia de los países en desarrollo y también de los industrializados muestra que no es meramente un mayor crecimiento, sino un mejor crecimiento, lo que determina cuánto aumenta
el bienestar y a quién beneficia. Países con ingresos y crecimiento similares han obtenido en las últimas tres décadas logros muy diferentes en educación, salud y protección del medio ambiente”. Se está sugiriendo que es decisiva la estructura del crecimiento, sus prioridades, vías de desarrollo, sectores beneficiados.
La falacia de que el crecimiento basta transmite la visión de que se estaría avanzando si el producto bruto per cápita sube, y que las miradas deben estar puestas en el mismo. Naciones Unidas ha desarrollado en la última década un cuerpo conceptual ampliamente difundido internacionalmente, “el paradigma del desarrollo humano”, que ataca radicalmente este razonamiento. No sólo el crecimiento no basta, es necesario pero no alcanza, sino que corresponde iniciar una discusión mayor. Preguntarnos cuándo avanza realmente una sociedad, y cuándo está retrocediendo. Los parámetros definitivos, es la sugerencia, debemos encontrarlos en qué sucede con la gente. ¿Aumenta o disminuye su esperanza de vida? ¿Mejora o desmejora su calidad de vida?
La ONU diseñó un índice de desarrollo humano que ha venido perfeccionando año tras año, que incluye indicadores que reflejan la situación de todos los países del mundo en áreas como: esperanza de vida, población con acceso a servicios de salud, población con acceso a agua potable, población con acceso a servicios de disposición de excretas, escolaridad, mortalidad infantil, producto bruto per per ponderado por la distribución del ingreso, entre otras. Los ordenamientos de los países del mundo según sus logros en desarrollo humano que viene publicando anualmente la ONU, a través del PNUD, muestran un cuadro que en diversos aspectos no coincide con el que deviene de los nuevos indicadores de crecimiento económico.
Las conclusiones resultantes enfatizan que cuanto mejor sea el crecimiento y más recursos haya tanto más se ampliaran las posibilidades para la sociedad, pero la vida de la gente, que es el fin último, no se puede medir por algo que es un medio, debe medirse por índices que reflejen lo que sucede en ámbitos básicos de la vida cotidiana. La falacia de que el crecimiento basta está en definitiva transformando
un medio fundamental, pero sólo un medio, en el fin último. Es necesario desmistificarla y retomar un debate a fondo sobre qué está sucediendo con el cumplimiento de los fines. Amartya Sen ilustra los límites de esta falacia analizando varias situaciones reales. Realiza la comparación que se refleja en el siguiente gráfico:


Como se observa, los tres primeros países del gráfico, el Estado de Kerala en la India (de 33 millones de habitantes), China y Sri Lanka tenían un producto bruto per cápita muy reducido. Los otros tres, Sudáfrica, Brasil y Gabón tenían un producto bruto que multiplicaba entre cinco y quince veces el de los anteriores. Sin embargo, la población vivía más años en los tres países pobres: 71,69, y 72 versus 63,66 y 54.
El crecimiento económico solo no era el factor determinante en uno de los indicadores más fundamentales para ver si una sociedad progresa, el más básico, la esperanza de vida. ¿Qué otras variables intervenían en este caso? Sen identifica aspectos, como las políticas públicas que garantizaban en los tres primeros países un acceso mas extendido a insumos fundamentales para la salud, como el agua potable, las instalaciones sanitarias, la electricidad y la cobertura médica. Asimismo las mejores posibilidades en materia de educación a su vez inciden en la salud. Junto a ello un aspecto central era la mejor distribución del ingreso en las tres primeras sociedades. Todo ello llevó a que los países supuestamente más pobres en términos del ingreso, fueran más exitosos en materia de salud y años de vida. Dice Sen: “Ellos han registrado una reducción muy rápida de las tasas de mortalidad y una mejora de las condiciones de vida, sin un crecimiento económico notable”.

Cuarta falacia: la desigualdad es un hecho de la naturaleza, no frena el desarrollo

El pensamiento económico convencional ha tendido a eludir una discusión frontal sobre la desigualdad y sus efectos sobre la economía. Se ha apoyado con frecuencia en la sacralización de la U invertida de Kusnetz. De acuerdo con la misma, la desigualdad es simplemente una etapa inevitable de la marcha hacia el desarrollo. En la primera fase de la misma se producen polarizaciones sociales, que después se van moderando y reduciendo. Algunos economistas convencionales más extremistas llegan aun más lejos, y plantean que esa acumulación de recursos en pocas manos favorecerá el desarrollo, al crear mayores capacidades de inversión.
Esta discusión tiene particular trascendencia para América Latina, porque es considerada unánimemente la región más desigual del planeta.
Si la tesis de los ortodoxos más duros fuera cierta, la región debería haber contado con tasas de inversión muy altas, dadas las “acumulaciones en pocas manos” que ha generado. No se ven. Tampoco parece ser una mera etapa del camino al desarrollo. En América Latina la desigualdad se ha instalado, y no sólo no se modera, sino que tiene una tendencia muy consistente a crecer, particularmente en las dos últimas décadas. La U invertida parece no funcionar para la región.
En realidad Kusnetz nunca pretendió que fuera aplicable mecánicamente a los países no desarrollados. Como ha sucedido con frecuencia, algunos de sus supuestos intérpretes han hecho claro abuso de sus afirmaciones. Sus trabajos estuvieron referidos a la observación de EE.UU., Inglaterra y Alemania en un periodo que va desde la primera mitad del siglo XIX a la finalización de la primera guerra mundial. Advierte expresamente sobre el riesgo de generalizar las conclusiones que extrajo. Dice (1970): «Es peligroso utilizar simples analogías; no podemos afirmar que puesto que la desigual distribución de la renta condujo en el pasado en Europa Occidental a la acumulación de los ahorros necesarios para formar los primeros capitales, para asegurar el mismo resultado en los países subdesarrollados es preciso por lo tanto mantener e incluso acentuar la desigualdad en la distribución de la renta». Y pone énfasis en una afirmación que en América Latina tiene mucho sentido hoy: “Es muy posible que los grupos que perciben rentas superiores en algunos de los países hoy subdesarrollados presenten una propensión de consumo mucho mayor y una propensión al ahorro mucho menor que las que presentaban los mismos grupos de renta en los paises hoy desarrollados durante sus primeras fases de crecimiento”.
Además de haber desvirtuado el pensamiento real del mismo Kusnetz, la falacia difundida respecto a la desigualdad, choca fuertemente con los datos de la realidad. La desigualdad latinoamericana se ha transformado a nivel internacional en un caso casi de laboratorio de los impactos regresivos de la desigualdad. Frente a la pregunta de por qué un continente con tantas potencialidades económicas y humanas ha generado resultados económicos tan discretos y déficits sociales tan agudos, una de las respuestas con creciente consenso científico es que uno de los factores fundamentales en contra ha sido el peso de la desigualdad y su aumento. Así señalan Birdsall, Ross y Sabot (1996) sobre la región: “la asociación entre un crecimiento lento y una elevada desigualdad se debe en parte al hecho de que esa elevada desigualdad puede constituir en sí misma un obstáculo para el crecimiento”.
Están operando activamente en América Latina otros cinco tipos de desigualdades. Uno es la inequidad en la distribución de los ingresos. El 5% de la población es dueña del 25% del ingreso nacional. Por otro lado, el 30% de la población tiene sólo el 7.5% del ingreso nacional. Es la mayor brecha del planeta. Medida con el coeficiente Gini de inequidad en materia de ingresos, América Latina tiene un 0.57, casi tres veces el coeficiente de Gini de los países nórdicos. En promedio, la mitad del ingreso nacional de cada país de la región va al 15% más rico de la población. En Brasil el 10% más rico tiene el 46% del ingreso, mientras que el 50% más pobre sólo tiene el 14% del mismo. En Argentina mientras que el 10% más rico recibía en 1975 ocho veces, más ingresos que el 10% mas pobre, en 1997 la relación se había más que duplicado: era de 22 veces. Otra desigualdad acentuada es la que aparece en términos de acceso a activos productivos. La extremadamente inequitativa distribución de la tierra en algunos de los mayores países de la región, como Brasil y México, es una de sus expresiones. Una tercera desigualdad es la que rige en el campo del acceso al crédito, instrumento esencial para poder crear oportunidades reales de desarrollo de pequeñas y medianas empresas.
Hay en América Latina 60 millones de PYMES, que generan 150 millones de empleos. Sólo tienen acceso al 5% del crédito. Una cuarta inequidad es la que surge del sistema educativo. Los diferentes estratos socioeconómicos de los países alcanzan muy diversos récords en años de escolaridad. La deserción y la repetición provocadas por las condiciones socioeconómicas del hogar minan a diario la posibilidad de que los sectores pobres completen sus estudios. Según la CEPAL 2000, en Brasil repetían los dos primeros grados de la escuela primaria el 41% de los niños del 25% de menores ingresos de la población, y en cambio sólo el 4.5% de los niños del 25% con mayores ingresos. Asimismo habían completado la escuela secundaria a los 20 años de edad, sólo el 8% de los jóvenes del 25% de menos ingresos y, en cambio, el 54% del 25% de mayores ingresos. Tomando 15 países de la región (BID 1998) surgía que los jefes de hogar del 10% de ingresos mas altos tenían 11.3 años de educación, los del 30% más pobre sólo 4.3 años.
Una brecha de 7 años. Mientras que en Europa la brecha de escolaridad entre el 10% más rico y el 10% más pobre es de 2 a 4 años, en México es de 10 años. La desigualdad educativa va a ser un factor muy importante en la inequidad en la posibilidad de conseguir trabajo y en los sueldos que se ganen. Los sectores desfavorecidos van a estar en muy malas condiciones al respecto por su débil carga educativa. La fuerza de trabajo ocupada de la región presenta una marcada estratificación. Según CEPAL (2000), hay un nivel superior, que es el 3% de la población ocupada, que tiene 15 años de escolaridad, un nivel intermedio, el 20% de la fuerza de trabajo, que tiene entre 9 y 12 años de escolaridad, y el 77% restante, que tiene sólo de 5.5 a 7.3 años de estudios en las ciudades y 2.9 en las zonas rurales. Una quinta y nueva cifra de desigualdad está surgiendo de las posibilidades totalmente diferenciadas de acceso al mundo de la informática e Internet. La gran mayoría de la población no tiene los medios ni la educación para
conectarse con la red. Forma parte así de una nueva categoría de analfabetismo, el analfabetos, los analfabetos cibernéticos.”
Todas estas desigualdades generan múltiples efectos regresivos en la economía, la vida personal y familiar, y el desarrollo democrático. Entre otros, según lo demuestran numerosas investigaciones: reducen la formación de ahorro nacional, estrechan el mercado interno, conspiran contra la salud pública impiden la formación en gran escala de capital humano calificado, deterioran la confianza en las instituciones básicas de las sociedades y en el liderazgo político. El aumento de la desigualdad es, por otra parte, una de las causas centrales del aumento de la pobreza en la región.
Birdsall y Londono (1998) han estimado econométricamente que su ascenso entre 1983 y 1995 duplicó la pobreza, que la misma hubiera sido la mitad de lo que fue si la desigualdad hubiera seguido en los niveles que tenia anteriormente, elevados pero menores.
La desigualdad latinoamericana no es un hecho natural propio del camino del desarrollo como lo pretende la falacia. Es la consecuencia de estructuras regresivas y políticas erradas que la han potenciado.
Barbara Stallings (CEPAL 1999) considera, que “las reformas económicas aplicadas en los últimos años han agravado las desigualdades entre la población” y subraya “se puede afirmar sin ninguna duda, que los noventa son una década perdida en cuanto a la reducción de las ya alarmantes diferencias sociales existentes en la región con mas desigualdad del mundo”. Altimir (1994), después de analizar 10 países plantea que “hay bases para suponer que la nueva modalidad de funcionamiento y las nuevas reglas de política pública de éstas economías, pueden implicar mayores desigualdades de ingreso”. Albert Berry (1997) indica: “La mayoría de los países latinoamericanos que han introducido reformas económicas promercado en el curso de las ultimas dos décadas han sufrido también serios incrementos en la desigualdad.
Esta coincidencia sistemática en el tiempo de los dos eventos sugiere que las reformas han sido una de las causas del empeoramiento en la distribución”.
Por otra parte la otra dimensión de la falacia también es desmentida por la realidad. La desigualdad no se modera o atenúa sola. Por el contrario la instalación de circuitos de desigualdad en áreas claves tiene una tendencia “contaminante”, propicia la generación de circuitos similares en otras áreas. Lo ilustra entre otros casos la dificultad, a pesar de todos los esfuerzos, para mejorar la situación educativa de la población pobre. Las desigualdades en otras áreas, como ocupación e ingresos, conspiran contra las reformas educativas. Asimismo las desigualdades en educación van a reforzar, como se ha visto, las brechas en el mercado de trabajo. Los circuitos perversos de desigualdad muestran además una enorme capacidad reproductora. Se automultiplican.
Sin acciones para combatirlas, las polarizaciones tienden a crecer y ampliarse. Lo muestra la conformación creciente en numerosas sociedades de una dualidad central; incluidos y excluidos.

Quinta falacia: desvalorización de la política social, política pobre para pobres

Al ser preguntado sobre la política social en su país, un conocido Ministro de Economía de América Latina, contesto: “La única política social es la política económica”. Estaba reflejando toda una actitud hacia la política social que ha tenido hondas consecuencias en el continente. Se ha tendido a verla como un complemento menor de otras políticas mayores, como las que tienen que ver directamente con el desarrollo productivo, los equilibrios monetarios, el crecimiento tecnológico, la privatización, etc. Le correspondería atenuar los impactos transitorios que las anteriores producen en la sociedad. Debería atacar focalizadamente los desajustes sociales más irritables para reducirlos. En el fondo, desde este razonamiento se la percibe como una “concesión”a la política. Como la pobreza genera fuerte inquietud política, la política social haría el trabajo de “calmar los ánimos” y mostrar que se están haciendo cosas en ese frente, pero el corolario consecuente es: cuanto menos concesiones mejor. Los recursos destinados a lo social deberían ser muy acotados y destinados a fines muy específicos.

Albert Hirschman llamó en una oportunidad a esta forma de abordar el tema «políticas pobres para pobres». Da lugar a reducir lo social a metas muy estrechas, a constituir una institucionalidad social débil en recursos y personal, alejada de los altos niveles de decisión. Por otra parte, además altamente vulnerable. Frente a reducciones presupuestarias, con muy escasa capacidad para defender su situación, y normalmente candidata preferida para los recortes. Por otra parte, esta visión supone en sí misma un cuestionamiento implícito a la
legitimidad de la política social. Es distraer recursos de destinos más importantes, por “presión política”.
Reflejando la situación, una ministro de lo social muy experimentada de un país latinoamericano narró lo siguiente a un auditorio internacional: “No nos invitaban al gabinete donde se tomaban las decisiones económicas más importantes. Después de muchos esfuerzos logramos que se nos invitara. Claro, con voz pero sin voto”.
Considerar a la política social como una categoría inferior, como una concesión a la política, como un uso suboptimizante de recursos, constituye una falacia que está afectando seriamente a la región.
En primer termino, ¿Cómo puede relegarse lo social en un contexto como el latinoamericano, donde casi una de cada dos personas están por debajo de la línea de la pobreza, y expresan a diario de mil modos su descontento y protesta por esa realidad? Atender lo social no es una concesión, es en una democracia tratar de hacer respetar derechos fundamentales de sus miembros. Lo que está en juego es en el fondo, como plantea Naciones Unidas, una cuestión de violación de los derechos humanos. Como resalta el Informe de Desarrollo Humano 2000 del PNUD: “La erradicación de la pobreza constituye una tarea importante de los derechos humanos en el siglo XXI. Un nivel decente de vida, nutrición suficiente, atención de salud, educación, trabajo decente y protección contra las calamidades no son simplemente metas del desarrollo, son también derechos humanos”. Las políticas sociales son esenciales para la población en la región, y estratégicas para la estabilidad misma del sistema democrático. Cuando se consulta a la población, ella no pide que se reduzcan, estrechen o eliminen, sino todo lo contrario, exige masivamente que se refuercen, amplíen y se incorporen nuevas políticas.
En segundo lugar, es difícil sostener a inicios de este nuevo siglo que es una asignación de recursos de poca eficiencia. Destinar recursos a asegurarse de que todos los niños terminen la escuela primaria, a elevar la tasa de finalización de la secundaria, a desarrollar el sistema de educación superior, ¿es ineficiente? Las mediciones econométricas dan resultados muy diferentes. La tasa de retorno en educación es una de las más altas posibles para una sociedad. La competitividad de los países está fuertemente ligada al nivel de capacitación de su población. Algunos de los países más exitosos del planeta en los mercados internacionales están exportando básicamente productos como «higth tech» totalmente basados en el capital educativo que han sabido desarrollar. La absorción de nuevas tecnologías, la innovación local a partir de ellas, la investigación y desarrollo, el progreso tecnológico dependen todos de los niveles de educación alcanzados. Los cálculos demuestran así entre otras cosas que una de las inversiones más rentables macroeconómicamente que puede hacer un país es invertir en la educación de niñas. Agregar años de escolaridad a las niñas desfavorecidas, aumentará su capital educativo y a través de él, reducirá las tasas de embarazo adolescente, de mortalidad materna, de mortalidad infantil, de morbilidad. Todas ellas están correlacionadas estadísticamente con los años de escolaridad de la madre.
¿En las condiciones latinoamericanas extender la posibilidad de acceder a agua potable a toda la población es una inversión deficiente?
El retorno sería cuantioso en términos de salud pública, lo que repercutirá desde ya en la productividad de la economía.
En realidad toda la terminología utilizada está equivocada, y nuevamente vemos un error semántico no casual. Así como existían quienes no querían oír hablar de la palabra pobreza, en la falacia que desvaloriza la política social, toda la discusión al respecto conduce a que se lo haga en términos de “gasto social”. En realidad, no hay tal gasto.
Bien gerenciados los recursos para lo social constituyen en la gran mayoría de los casos inversiones de un alto retorno.
Hoy es difícil discutir las evidencias de que la inversión social genera capital humano, y que el mismo se transforma en productividad, progreso tecnológico, y es decisivo para la competitividad. En realidad la política social, bien diseñada y eficientemente ejecutada, es un poderoso instrumento de desarrollo productivo. Como lo sugiere Touraine (1997): “En vez de compensar los efectos de la lógica económica, la política social debe concebirse como condición indispensable del desarrollo económico”.
En tercer término se ha planteado la gravedad que tiene el tema de la desigualdad en América Latina. Superada la falacia que la niega o minimiza, ¿cómo se puede reducir? Una de las vías fundamentales posibles en una democracia es una agresiva política social que amplíe fuertemente las oportunidades para los pobres en campos cruciales. Deberá estar integrada, entre otras, por políticas que universalicen posibilidades de control de factores de riesgo claves en salud en la región, como el agua, el alcantarillado, la electricidad el acceso a cobertura de salud, que actúen sobre los factores que excluyen a parte de la población del sistema educativo, que aseguren servicios públicos de buena calidad para todos.
La política social puede ser una llave para la acción contra la desigualdad, proveyendo una base mínima de bienes y servicios indispensables y contribuyendo así a abrir las oportunidades y romper círculos perversos.
En lugar de una política social “cenicienta”, como plantea la falacia, lo que América Latina necesita es una nueva generación de políticas sociales con mayúscula. Ello implica dar prioridad efectiva a las metas sociales en el diseño de las políticas publicas, procurar articular estrechamente las políticas económicas y las sociales, montar una institucionalidad social moderna y eficiente, asignar recursos apropiados, formar recursos humanos calificados en lo social, fortalecer las capacidades de gerencia social y jerarquizar en general este área de actividad pública.

La metáfora que se escucha en toda la región describe bien la situación. Dice que la política social es actualmente la «asistencia pública» que recoge los muertos y heridos que deja la política económica.
La falacia examinada cultiva y racionaliza esta situación inaceptable. Se necesita una política social que potencie el capital humano base esencial de un desarrollo económico sostenido. Es un tema ético, político, y al mismo tiempo de lucidez histórica. Como lo anota Birdsall (1998): “es posible que las tasas de crecimiento de América Latina no puedan ser mas del 3 o el 4%, a distancia de las necesarias, en tanto no se cuente con la participación y el aporte de la mitad de la población que esta comprendida en los porcentajes más bajos de ingresos”.

Sexta falacia: la maniqueización del Estado

En el pensamiento económico convencional circulante se ha hecho un esfuerzo sistemático de vastas proporciones para deslegitimar la acción del Estado. Se ha asociado la idea de Estado con corrupción, con incapacidad para cumplir eficientemente las funciones mas mínimas, con grandes burocracias y despilfarro de recursos. La visión se apoya en graves defectos existentes en el funcionamiento de las administraciones públicas en numerosos países de América Latina, pero fue mucho más allá de ello, y «maniqueizó» al Estado en su conjunto.
Proyectó la imagen de que toda acción llevada en el terreno publico es negativa para la sociedad, y que la reducción al mínimo de las políticas públicas y la entrega de sus funciones al mercado la llevaría a un reino de la eficiencia y a la solución de los principales problemas económico- sociales existentes. Además, creó la concepción de que existía una oposición de fondo entre Estado y sociedad civil, y que había que elegir entre ambos.
Como en otros campos, hoy es posible mantener una discusión sobre el tema más allá de ideologías. El instrumental metodológico de las ciencias sociales actuales aporta evidencias muy concretas que permiten establecer cómo funciona la realidad. La visión del Estado como solucionador de todos los problemas “el Estado ominipotente”, demostró ser errada. El Estado solo no puede hacer el desarrollo, y en América Latina la acción estatal ha presentado agudos problemas de burocratización, ineficiencia y corrupción. Sin embargo, el proceso de eliminación de numerosas funciones del Estado, de reducción a niveles mínimos en muchos casos de sus capacidades de acción, como sucedió con frecuencia en las áreas sociales, el debilitamiento en general del rol de las políticas públicas y la entrega de sus funciones al mercado, no condujo al reino ideal supuesto. Los problemas estructurales de las sociedades latinoamericanas y de otras del mundo en desarrollo siguieron agudizándose, la corrupción acompañó también con frecuencia a los procesos de privatización. Se identificó como una ley operante que siempre que hay un corrupto en el Estado hay a su vez un corruptor en el sector privado, es decir que el tema excede a cualquier simplificación. El funcionamiento no regulado del mercado llevó a profundizar las brechas, particularmente la inequidad. Bajo las nuevas reglas de juego, se siguió una marcada tendencia a constituir monopolios, que en la practica significaron la imposición de cargas muy pesadas a los consumidores y a las pequeñas y medianas empresas, ahogando a estas últimas.
Pareciera que las dos polarizaciones han conducido a callejones sin salida. El Estado solo no puede resolver los problemas, pero su minimización los agrava. Esa es la conclusión, entre muchas otras voces del Banco Mundial a fines de esta década. En su informe especial dedicado al rol del Estado (1998) resalta como una idea central que sin un Estado eficiente el desarrollo no es viable, y propone una serie de directrices orientadas a “reconstruir la capacidad de acción del Estado”. Por su parte, autores como Stiglitz y otros han llamado la atención sobre “las fallas del mercado”, su tendencia a generar desigualdades, a la cartelización para maximizar ganancias y sus desvíos especulativos cuando no hay eficientes controles regulatorios, como se da en Estados tan debilitados por las reformas de las últimas décadas como los de la región. Cáusticamente afirma Henry Mintzberg (1996), una autoridad mundial en cómo gerenciar con eficiencia, respecto a la concepción de que se podía prescindir del Estado y la visión de que todo lo que se hace en el Estado es ineficiente y en el sector privado eficiente: «el modelo representa el gran experimento de los economistas que nunca han tenido que gerenciar nada».
Hoy hay un activo retorno hacia la búsqueda de una visión más equilibrada en el debate internacional de punta sobre el tema del desarrollo y el rol del Estado. Imposible desconocer la importancia de las políticas públicas en un contexto histórico donde la segunda economía del mundo, Japón, está poniendo en marcha sucesivas iniciativas de intervención activa del Estado para dinamizar la economía, la más reciente (octubre 2000) inyectando 100.000 millones de dólares a tal efecto. Amartya Sen (1998), destaca especialmente el papel decisivo que ha jugado la política pública en el campo social, en algunas de las economías de mejor desempeño de largo plazo del mundo. Subraya: “De hecho, muchos países de Europa Occidental han logrado asegurar una amplia cobertura de seguridad social con la prestación de atención en salud y educación pública de maneras hasta entonces desconocidas en el mundo; Japón y la región del Este de Asia han tenido un alto grado de liderazgo gubernamental en la transformación, tanto de sus economías como de sus sociedades; el papel de la educación y atención en salud pública ha sido el eje fundamental para contribuir al cambio social y económico en el mundo entero (y en forma bastante espectacular en el Este y Sudeste Asiáticos)”.
Un área totalmente decisiva para la economía y la sociedad es la de la salud. Toda sociedad democrática tiene la obligación de garantizar el derecho a la atención sanitaria a sus miembros, es el derecho más básico. Mejorar los niveles de salud de la población tiene una serie de impactos favorables sobre la economía, entre otros, la reduccióin de las horas de trabajo perdidas por enfermedad, al aumento de la productividad laboral, el descenso de los costos ligados a enfermedades, etc. El reciente informe sobre la salud mundial 2000 de la Organización Mundial de la Salud (OMS 2000) establece el primer ranking de los países del mundo según el desempeño de sus sistemas de salud. Entre otros construye un índice muy significativo para esas mediciones: el número medio de años que una persona vive con buena salud, sin enfermedades.
A la cabeza de la tabla se hallan países como Japón (74.5 años), Suecia (73), Canadá (72), Noruega (71.7). En todos esos países el Estado tiene una participación fundamental, construyó una amplísima red de protección. En Japón el gasto público es el 80.2% del gasto total en salud, en Suecia el 78%, en Noruega el 82%, en Canadá el 72%. El gasto público per cápita en salud supera en todos ellos los 1300 dólares anuales. El contraste con la actual situación en diversos países latinoamericanos es muy marcado. El gasto público per cápita en salud es en Brasil de 208 dólares, en México 172, en Perú 98. Los años de vida saludable ascienden en promedio en Brasil a sólo 59. Dicho país es una de las mayores potencias industriales del mundo. En cambio, cuando se lo busca en las tablas de desempeño de los sistemas de salud de la OMS figura en el lugar numero 125.
El carácter crucial de la acción estatal en campos claves como salud y educación, desde ya de una acción bien gerenciada y transparente, surge con toda fuerza de una investigación reciente (Financial Times 2000) que muestra qué sucede cuando se fija como política arancelar los servicios en áreas de población pobre bajo la idea de “compartir costos”y de “financiamiento comunitario”, reduciendo así las responsabilidades del Estado. Siguiendo las condiciones impuestas por el Banco Mundial, en Tanzania se introdujeron aranceles en la educación primaria. El resultado, según indica la Iglesia Evangélica Luterana de Tanzania, fue un inmediato descenso de la asistencia a la escuela, y los ingresos totales de las mismas fueron la mitad de los previstos. En Zimbawe se estableció que se cobrarían aranceles en los servicios de salud, pero que los pobres estarían exceptuados. Una evaluación del mismo Banco Mundial concluyó, que sólo 20% de los pobres consiguió los permisos de exención necesarios. En Ghana, al imponer aranceles en la escuela, 77% de los niños de la calle de Accra que asistían a las escuelas las abandonaron.
La falacia de la maniqueización del Estado lleva a consecuencias muy concretas, al deslegitimar su acción deja abierto el terreno para su debilitamiento indiscriminado, y la desaparición paulatina de políticas publicas firmes en campos cruciales como los sociales. Causa así daños irreparables a vastos sectores de familias, aumenta la pobreza y la desigualdad y limita las posibilidades de un crecimiento sostenido.
Los datos de la realidad sugieren que hay otro camino. En algunos de los países más exitosos económica y socialmente del mundo uno de los pilares de sus economías es un Estado activo de alta eficiencia. Una de sus características centrales contradice uno de los fundamentos de la falacia. Es un Estado coordinado estrechamente con la sociedad civil. La falsa oposición Estado-sociedad civil que preconiza la falacia como un hecho, es desmentida en ellos. Los lazos de cooperación son múltiples, y surge una acción integrada. Algunas de las sociedades latinoamericanas con mejores cifras de equidad, menor pobreza y mejores tasas de desarrollo humano también tuvieron como base de esos logros a Estados bien organizados, con burocracias consideradas eficientes, como Costa Rica, Uruguay y el Chile democrático.
Es imprescindible reformar y mejorar la eficiencia estatal y erradicar la corrupción. Pero para ello es necesario avanzar en otra dirección totalmente distinta a la de la falacia. No satanizar al Estado, sino ir construyendo administraciones publicas descentralizadas, transparentes, abiertas a la participación comunitaria, bien gerenciadas, con carreras administrativas estables fundadas en el mérito.

Séptima falacia: la sociedad civil es un mundo secundario

El pensamiento económico circulante envía a veces explícitamente y con frecuencia implícitamente un profundo mensaje de desvalorización del posible rol que puede jugar la sociedad civil en los procesos de desarrollo y en la resolución de los problemas sociales. Su énfasis está totalmente volcado en el mercado, la fuerza de los incentivos económicos, la gerencia de negocios, la maximización de utilidades como motor del desarrollo, las señales que pueden atraer o alejar al mercado. El mundo de la sociedad civil es percibido como un mundo secundario, de segunda línea el de respecto a lo que sucede en el “mundo importante”, los mercados. De ese
enfoque van a surgir políticas públicas de apoyo muy limitado, casi “simbólico” y por “cortesía”, a las organizaciones de la sociedad civil y una desconfianza fuerte a depositar en ellas responsabilidades realmente relevantes.
La falacia razona en términos de una dualidad básica; Estado versus mercado. En los hechos la situación es mucho más matizada. Existe un sinnúmero de organizaciones que no son ni lo uno ni lo otro.
Fueron creadas con finalidades distintas, los actores sociales que se hallan tras ellas son otros y las metodológicas que utilizan no son de Estado ni de mercado. Este mundo comprende, entre otras: las organizaciones no gubernamentales en continuo crecimiento en América Latina que han sido denominadas con frecuencia el tercer sector y que realizan múltiples aportes en el campo social, los espacios de interés publico que son fórmulas especiales muy utilizadas en los países desarrollados en donde numerosas Universidades y hospitales han sido fundados por ellos; se trata de emprendimientos de largo plazo, animados por numerosos actores públicos y privados, modelos económicos que no son típicos de mercado, como las cooperativas que tienen alta presencia en diversos campos y el amplísimo movimiento de lucha contra la pobreza desarrollado en toda la región por las organizaciones religiosas, cristianas, protestantes y judías que está en primera línea de la acción social. La realidad no es sólo Estado y mercado, como pretende la falacia. Incluso algunos de los modelos de organización
y gestión social y general más efectivos de nuestro tiempo fueron desarrollados en este vasto área que no corresponde ni a uno ni a otro.
Todas estas organizaciones tienen un gran peso y una fuerte participación en la acción social en el mundo desarrollado. Recaudan recursos considerables, se les delegan funciones crecientes por parte del Estado, están interrelacionadas con la acción pública de múltiples modos. Están basadas fuertemente en trabajo voluntario. Movilizan miles y miles de personas que dedican anónimamente considerables horas a llevar adelante sus programas. Hacen aportes considerables al producto bruto nacional con trabajo no remunerado en países como Canadá, Holanda, Suecia, Noruega, Dinamarca, España, Israel y otros.
Así, en Israel, que figura entre los primeros del mundo en esta materia, una de cada cuatro personas hace trabajos voluntarios semanalmente, produciendo bienes y servicios de carácter social, constituyendo parte del personal paramédico en los hospitales, ayudando a personas discapacitadas, a ancianos, familias desfavorecidas y otros sectores con dificultades. También ha aumentado en el mundo desarrollado la participación empresarial en el apoyo a la acción social de la sociedad civil. Las contribuciones e iniciativas empresariales de solidaridad se han incrementado, y la asunción de su responsabilidad social ha pasado a formar parte creciente de legitimidad misma de la empresa. La aseveración de hace años de Milton Friedman, el gurú de la Escuela de Chicago, en el sentido de que la única responsabilidad de la empresa privada es producir utilidades a sus accionistas ha sido refutada constantemente por empresarios prominentes, y es hoy rechazada masivamente por la opinión publica de los países desarrollados.
En América Latina la situación tiende a ser muy diferente. Existe un inmenso potencial de trabajo voluntario que de ser adecuadamente convocado y de crearse condiciones propicias podría cumplir roles de gran significación. Esforzadamente sectores de la sociedad civil están tratando de movilizarlo y surgen permanentemente múltiples iniciativas.
Pero todo ello ocurre a pesar de las desconfianzas y la incredulidad que surge del razonamiento desvalorizador, que alimenta a su vez gruesos errores en las políticas. No hay así, entre otros aspectos, apoyos públicos firmes a las iniciativas de la sociedad civil de acción social, y los incentivos fiscales son muy reducidos. Asimismo, el movimiento de responsabilidad social empresarial es débil y los aportes muy reducidos comparativamente. La proporción de las ganancias empresariales dedicadas a fines de interés público es mucho menor a la de los países avanzados. Es notable el trabajo que, aun con todas estas limitaciones, llevan adelante numerosas organizaciones, entre ellas las de fe antes mencionadas, para lograr superar a las dificultades de supervivencia de extendidos sectores de la población.
En el fondo lo que el pensamiento económico convencional está haciendo a través de su desvalorización de las posibilidades de la sociedad civil, es cerrar el paso a la entrada misma del concepto de capital social.
Múltiples investigaciones de los años recientes desde los primeros estudios de Putnam y Coleman hasta los efectuados en diversos países de todo el planeta demuestran que hay factores cruciales para el desarrollo que no tenían lugar en el pensamiento económico ortodoxo, como los agrupados en la idea de “capital social”. Ellos son: el clima de confianza entre las personas de una sociedad y hacia sus instituciones y líderes, el grado de asociacionismo, es decir, la capacidad de crear iniciativas asociativas de todo tipo, y el nivel de conciencia cívica, la actitud hacia los problemas colectivos, desde cuidar el aseo en los lugares públicos hasta pagar los impuestos. Estudios del Banco Mundial atribuyen al capital social y al capital humano dos terceras parte del crecimiento económico de los países, y diversas investigaciones dan cuenta de los significativos impactos del capital social sobre la performance macroeconómica, la productividad microeconómica, la gobernabilidad democrática, la salud publica, y otras dimensiones (1).
Desarrollar el capital social significa fortalecer a la sociedad civil a través de políticas que mejoren la confianza, que según dicen los mismos estudios, en sociedades polarizadas está muy fuertemente erosionada por la desigualdad. También implica propiciar el crecimiento del asociacionismo, y contribuir a hacer madurar la conciencia cívica. El razonamiento económico convencional ha estado aferrado a ideas muy estrechas sobre los factores que cuentan, que no consideran estos elementos o los relegan. Tras la falacia de la incredulidad sobre la sociedad civil, se halla un rechazo más amplio a la idea de que hay otros capitales a tener en cuenta, como el social. Un cerrado «reduccionismo economicista» impide ampliar la visión del desarrollo con su incorporación y extraer las consecuencias consiguientes en términos de políticas de apoyo al fortalecimiento y potenciación de las capacidades latentes en la sociedad civil.

Octava falacia: participación, sí pero no tanto

La participación de la comunidad en forma cada vez más activa en la gestión de los asuntos públicos surge en esta época como una exigencia creciente de las grandes mayorías de la sociedad en América Latina y otras regiones. Los avances de la democratización producto de largas luchas históricas de los pueblos han creado condiciones de libre organización y expresión, que han disparado esta “sed” de participación.
Por otra parte existe hoy un creciente consumo en el mundo acerca de la superioridad en términos de efectividad de la participación comunitaria sobre las formas organizativas tradicionales de corte vertical o burocrático. En el campo social ello es muy evidente. Los programas sociales hacen mejor uso de los recursos, logran mejor sus metas y crean autosustentabilidad si las comunidades pobres a las que se desea favorecer participan desde el inicio y a lo largo de todo su desarrollo y comparten la planificación, la gestión, el control y la evaluación.
Señala al respecto Stern, el economista jefe del Banco Mundial resumiendo múltiples estudios de la institución (2000): “A lo largo del mundo, la participación funciona: las escuelas operan mejor si los padres participan, los programas de irrigación son mejores si los campesinos participan, el crédito trabaja mejor si los solicitantes participan.
Las reformas a nivel de los países son mucho más efectivas si son generadas en el país y manejadas por el país. La participación es practica y poderosa”. (2)
Dos recientes trabajos “Superando la pobreza humana” del PNUD (2000) y “The voices of the poor” del Banco Mundial (2000), basado en una gigantesca encuesta a 60.000 pobres de 60 países llegan a similar conclusión en términos de políticas: es necesario dar prioridad a la inversión para fortalecer las organizaciones de los propios pobres.
Ellos carecen de “voz y voto “ real en la sociedad. Fortalecer sus organizaciones
les permitiría participar en forma mucho más activa y recuperar terreno en ambas dimensiones. Se propone entre otros aspectos: facilitar su constitución, apoyarlas, dar posibilidades de capacitación a sus líderes, fortalecer sus capacidades de gestión.
En América Latina el discurso político ha tendido a reconocer crecientemente la importancia de la participación. Sería claramente antipopular enfrentar la presión proparticipación tan fuerte en la sociedad, y con argumentos tan contundentes a su favor. Sin embargo, los avances reales en cuanto a la implementación efectiva de programas con altos niveles de participación comunitaria son muy reducidos.
Siguen predominando los programas “llave en mano”, e impuestos verticalmente, en los que los decisores o diseñadores son los que saben y la comunidad desfavorecida debe acatar sus directivas, y ser sujeto pasivo de los mismos. También son usuales los programas que apelan a la participación, pero en realidad la intervención de la comunidad en la toma de decisiones es mínima. El discurso dice sí a la participación en la región, pero los hechos con frecuencia dicen no.
Los costos de esta falacia son muy importantes. Por un lado, se están desechando enormes energías latentes en las comunidades pobres. Cuando se les moviliza, como sucedió en experiencias latinoamericanas mundialmente reconocidas, como Villa el Salvador en el Perú, las escuelas
Educo en el Salvador, o el presupuesto municipal participativo en Porto Alegre (3), los resultados son sorprendentes. La comunidad multiplica los recursos escasos, sumando a ellos incontables horas de trabajo, y es generadora de continuas iniciativas innovadoras. Asimismo la presencia de la comunidad es uno de los pocos medios probados que previene efectivamente la corrupción. El control social de la misma sobre la gestión es una gran garantía al respecto que se pierde al impedir la participación.
Por otra parte, el divorcio entre el discurso y la realidad es claramente percibido por los pobres, quienes lo viven con descontento y frustración. Se limitan así las posibilidades de programas que ofrecen una participación genuina, porque las comunidades están “quemadas”al respecto por las falsas promesas.
El sí pero no, está basado en resistencias profundas a la participación efectiva de las comunidades pobres, que se disfrazan ante su ilegitimidad conceptual, política y ética. Ha llegado la hora en la región de ponerlas en foco y enfrentarlas.

Novena falacia: la elusión de la ética

El análisis económico convencional sobre los problemas de América Latina elude normalmente la discusión sobre las implicancias éticas de los diferentes cursos de acción posibles. Pareciera que se está tratando un tema técnico más, de carácter neutro, en el que sólo deben predominar razonamientos costo-beneficio para resolverlo. La situación es muy distinta. El tema tiene que ver con la vida de la gente y las consideraciones éticas deberían estar, por ende, absolutamente presentes.
De lo contrario, se cae en el gran riesgo sobre el que previene uno de las mayores filósofos de nuestra época, Charles Taylor. Taylor (1992) dice que hay una acusada tendencia a que la racionalidad técnica, la discusión sobre los medios, reemplace a la discusión sobre los fines. La tecnología es un medio para lograr fines, que a su vez deben ser objeto de otro tipo de discusión. Si la discusión sobre los fines desaparece, como puede estar sucediendo, previene Taylor, y la racionalidad tecnológica predomina sobre la racionalidad ética, los resultados pueden ser muy regresivos para la sociedad. En la misma dirección señaló recientemente otro destacado pensador, Vaclav Havel, presidente de la República Checa (2000), “es necesario reestructurar el sistema de valores en que descansa nuestra civilización”, y advirtió que los países ricos, los “euroamericanos” los llamo, deben examinar su conciencia. Ellos, dijo, han impuesto las orientaciones actuales de la civilización global y son responsables de sus consecuencias.
Estas voces prominentes sugieren un debate a fondo sobre los temas éticos del desarrollo. El llamado tiene raíces en realidades intolerables.
La ONU (2000) llama la atención sobre la necesidad de un debate de este orden en un mundo donde perecen a diario 30.000 niños por causas evitables e imputables a la pobreza. Dice que se reacciona indignamente y ello es correcto frente a un solo caso de tortura, pero se pasa por alto a diario esta aniquilación en gran escala. El Fondo de Población Mundial (2000) resalta que mueren anualmente 500.000 madres durante el embarazo, muertes también en su inmensa mayoría evitables y ligadas a la falta de atención médica. El 99% de ellas se produce en los llamados países en desarrollo.
En América Latina resulta imprescindible debatir, entre otros, temas como: ¿Qué pasa con las consecuencias éticas de las políticas?
¿Cuál es la eticidad de los medios empleados, si es éticamente lícito sacrificar generaciones? ¿Por qué los más débiles, como los niños y los ancianos, son los más afectados por las políticas aplicadas en muchos países? ¿Qué tenemos para decir sobre la destrucción de familias que está generando la pobreza? y otras cuestiones similares. Es una región donde, como se ha visto, la mayoría de los niños son pobres, donde miles y miles de niños viven en las calles marginados por la sociedad, y donde mientras la tasa de mortalidad de niños menores de cinco
años era en 1997 en Canadá de 6.9 cada 1000, llegaba en Bolivia a 82.8, en Ecuador a 57.7, en Brasil a 45.9, en México a 36.4 (Organización Panamericana de la Salud 2000. En América Latina, el 17% de los partos se produce sin asistencia médica de ningún tipo, con los consiguientes efectos en términos de mortalidad materna, que es cinco veces mayor a la de los países desarrollados, y sólo se hallan cubiertos previsionalmente el 25% de las personas de edad mayor.
Esto plantea problemas éticos básicos: ¿Qué es más importante? ¿Cómo asignar recursos? ¿No deberían reestudiarse las prioridades?
¿No hay políticas que deberían descartarse por su efecto “letal” en términos sociales?
Cuando se denuncia la debilidad de la falacia que elude la discusión ética, ella toma con frecuencia el rostro del “pragmatismo”. Arguye que es imposible discutir de ética cuando no hay recursos.
Sin embargo, más que nunca cuando los recursos son escasos debería
debatirse a fondo sobre las prioridades. En los países en que ese debate se libra, los resultados suelen ser muy distintos en términos de prioridades y de resultados sociales que en aquellos en donde se elude. Cuantos más recursos existan, mejor, y se debe hacer todo lo posible para aumentarlos, pero puede haber más y seguir asignados bajo los patrones de alta inequidad propios de América Latina. La discusión sobre las prioridades finales es la única que garantiza un uso socialmente racional de los recursos.
La Comisión Latinoamericana y del Caribe presidida por Patricio Aylwin (1995) realizó un análisis sistemático para la Cumbre social mundial de Copenhague sobre qué recursos hacían falta para solventar las brechas sociales más importantes de la región. Concluyo que no son tan cuantiosos como se supone, y que una parte importante de ellos puede obtenerse reordenando prioridades, fortaleciendo un sistema fiscal progresivo y eficiente, y generando pactos sociales para aumentar los recursos para áreas críticas.
Un renombrado filósofo, Peter Singer (1999), plantea en un artículo relativamente reciente del New York Times que no es posible que los estratos prósperos de las sociedades ricas se libren de la carga de conciencia que significa convivir con realidades masivas de abyecta pobreza y sufrimiento en el mundo, y que deben encarar de frente su situación moral. Su sugerencia se puede aplicar a similares estratos de América Latina.

Décima falacia: no hay otra alternativa o el consenso intelectual intacto

Una argumentación preferida del discurso económico ortodoxo es que las medidas que se adoptan son las únicas posibles. No habría otro curso de acción alternativo. Por tanto, los graves problemas sociales que crean son inevitables. La larga experiencia del siglo XX está llena de fracasos históricos de modelos de pensamiento que se autopresentaron como el “pensamiento único”. Parece demasiado complejo el desarrollo como para pensar que sólo hay una única vía. Por otra parte, en diferentes regiones del globo los hechos no han favorecido al “pensamiento único”. Resumiendo la situación, dice William Pfaff (Internacional Herald Tribune 2000): “El consenso intelectual sobre las políticas económicas globales se ha roto”. En el mismo sentido opina Felix Rohatyn (Financial Times 2000), actual embajador de EE.UU. en Francia: “Para sostener los beneficios (del actual sistema económico) en EE.UU. y globalmente tenemos que convertir a los perdedores en ganadores. Si no lo hacemos, probablemente todos nosotros nos convertiremos también en perdedores”. Amartya Sen (2000), a su vez, destaca: “Ha habido demostraciones recientemente no sólo frente a las reuniones financieras internacionales, sino también en forma de protestas menos organizadas, pero intensas en diferentes capitales, desde Jakarta y Bangkok hasta Abidjan y México. Las dudas acerca de las relaciones económicas globales continúan viniendo de diferentes confines del planeta, y hay suficiente razón para ver estas dudas acerca de la globalización como un fenómeno global, son dudas globales no una oposición localizada”.
El clamor por cambios en las reglas de juego globales que afectan duramente a los países en desarrollo es muy intenso. Comprende una agenda muy amplia, desde temas por los que ha clamado el Papa Juan Pablo II poniéndose a la cabeza de un vasto movimiento mundial que exige la condonación de la deuda externa para los países más pobres, pasando por el reclamo por las fuertes barreras a los productos de los países en desarrollo, hasta el hecho de que la ayuda internacional al desarrollo ha bajado (de 60.000 a 50.000 millones de dólares en los noventa) y está en su nivel más bajo en muchas décadas. El presidente del Banco Mundial, Wolfensohn (2000), ha calificado a este hecho como de “crimen”. Ha destacado la “ceguera de los países ricos, que destinan sumas insignificantes a la ayuda al desarrollo, no se dan cuenta de lo que esá en juego”. Respecto a la necesidad de una política global alternativa, señala el PNUD (2000): Se debe “formular una nueva generación de programas centrados en hacer que el crecimiento sea mas propicio a los pobres, esté orientado a superar la desigualdad y destaque la potenciación de los pobres. Las recetas anticuadas de complementación del crecimiento rápido con el gasto social y redes de seguridad han demostrado ser insuficientes”. El economista jefe del Banco Mundial Stern (2000) también sugiere: «el crecimiento económico es mayor en países donde la distancia entre ricos y pobres es más pequeña y el gobierno tiene programas para mejorar la equidad, con reformas agrarias, impuestos progresivos, y buen sistema de educación pública”. Todos ellos van más allá del pensamiento único.
La falacia de “que no hay otra alternativa” resulta cada vez más insostenible en la América Latina actual. Por una parte, en el mundo se advierte una cada vez más activa búsqueda de alternativas. Por otro lado, hay en el escenario histórico presente países que han obtenido desempeños económicos y sociales exitosos siguiendo vías distintas al pensamiento económico ortodoxo preconizado en la región. Entre ellos: Canadá, Corea del Sur, Japón, Noruega, Suecia, Dinamarca, Finlandia, Israel, Holanda y otros. Pero el argumento fundamental es la realidad misma. el pensamiento único ha producido resultados muy dudosos en América Latina.
La CEPAL (2000) describe así la situación social presente: «Hacia fines de los noventa las encuestas de opinión muestran que porcentajes crecientes de la población declaran sentirse sometidas a condiciones de riesgo, inseguridad e indefensión. Ello encuentra sustento en la evolución del mercado de trabajo, el repliegue de la acción del Estado, las nuevas formas institucionales para el acceso a los servicios sociales, el deterioro experimentado por las expresiones tradicionales de organización social, y las dificultades de la micro y pequeña empresa para lograr un funcionamiento que las proyecte económica y socialmente». Reflejando el desencanto con las políticas aplicadas en muchos casos, una encuesta masiva, el Latín Barómetro 2000, encuentra, según describe Mulligan, (Financial Times 2000) que “los latinoamericanos están perdiendo la fe el uno en el otro, así como en sus sistemas políticos y en los beneficios de la privatización”. Respecto a este ultimo punto la encuesta informa que el 57% no está de acuerdo con el argumento de que la privatización ha beneficiado a su país. “Para mucha gente, dice Marta Lagos, directora de la encuesta, la privatización significa costos más altos y virtualmente el mismo nivel de servicios”.
La población latinoamericana no acepta la falacia de que no hay alternativas que tienen necesariamente altísimos costos sociales y provocan el desencanto. Aparece en su imaginario con fuerza creciente que es posible, como lo han hecho otros países en el mundo, avanzar en el marco de las singularidades de cada país y respetando sus realidades nacionales, hacia modelos de desarrollo con equidad, desarrollo compartido, o desarrollo integrado, donde se busca armonizar las metas económicas y sociales. Ello implica configurar proyectos nacionales que impulsen, entre otros, la integración regional que puede ser un poderoso instrumento para el fortalecimiento económico de la región y su reinserción adecuada en el sistema económico global, el impulso vigoroso a la pequeña y mediana empresa, la democratización del acceso al crédito, el acceso a la propiedad de la tierra para los campesinos, una reforma fiscal orientada hacia una imposición más equitativa y la eliminación de la evasión, la puesta al alcance de toda la población de la tecnología informática, la universalizaron de la cobertura en salud, la generalización de posibilidades de acceso a educación preescolar y de finalización de los ciclos primario y secundario. el desarrollo del sistema de educación superior, el apoyo a la investigación científica y tecnológica, el acceso de toda la población al agua potable, alcantarillado y electricidad, la apertura de espacios que permitan la participación masiva en la cultura.
El cumplimiento de este tipo de metas requerirá, entre otros aspectos, reconstruir la capacidad de acción del Estado con un perfil descentralizado, transparente, responsable, con un servicio civil profesionalizado, potenciar las posibilidades de aporte de la sociedad civil abriendo todas las vías posibles para favorecer su fortalecimiento, articular una estrecha cooperación de esfuerzos entre Estado y sociedad civil, desarrollar la responsabilidad social del empresariado, practicar políticas activas para darle poder y participación a las comunidades desfavorecidas. Todos ellos pueden ser medios formidables en una sociedad democrática para movilizar las enormes capacidades de construcción y progreso latentes en los pueblos de América Latina.

Una mirada de conjunto


Hemos visto cómo las extendidas falacias que presentan una visión distorsionada de los problemas sociales de América Latina y de sus causas, conducen a graves errores en las políticas adoptadas y son parte de las dificultades para mejorar la situación. No ayudan a superar la pobreza y la desigualdad, por el contrario, con frecuencia las refuerzan estructuralmente visiones como: negar la gravedad de la pobreza, no considerar la irreversiblidad de los daños que causa, argumentar que el mero crecimiento económico sólo solucionará los problemas, desconocer la trascendencia del peso regresivo de la desigualdad, desvalorizar la función de las políticas sociales, descalificar totalmente la acción del Estado, desestimar el rol de la sociedad civil y del capital social, bloquear la participación comunitaria, eludir las discusiones éticas y presentar el modelo reduccionista que se propone con sus falacias implícitas como la única alternativa posible.
Estas visiones no son la causa única de los problemas, que tienen profundas raíces internas y externas, pero oscurecen la búsqueda de las causas y pretenden legitimar algunas de ellas. Buscar caminos diferentes exige enfrentar y superar éstas y otras falacias semejantes. Ello aparece en primer lugar como una exigencia ética. En el texto bíblico la voz divina reclama “No te desentiendas de la sangre de tu prójimo” (Levítico 19:16). Las sociedades latinoamericanas y cada uno de sus miembros no pueden ser indiferentes frente a los infinitos dramas familiares e individuales que a diario surgen de la problemática social de la región. Asimismo, deben ser muy autocríticas con las racionalizaciones de la situación y los autoengaños tranquilizadores.
Al mismo tiempo atacar frontalmente las causas de la pobreza, no dando lugar a las negaciones y tergiversaciones, trabajar por restituir la ciudadanía a gran parte de los habitantes de la región, cuyos derechos humanos elementales están de hecho conculcados por las carencias sociales. Por último, frente a las falacias permítasenos elevar la voz de un gran escritor latinoamericano. Carlos Fuentes escribió (1995): “Algo se ha agotado en América Latina, los pretextos para justificar la pobreza”.


NOTAS
(1) Se puede encontrar la presentación de una serie de investigaciones recientes sobre el capital social y sus impactos en Bernardo Kliksberg “El capital social y la cultura. Claves olvidadas del desarrollo”, Instituto de Integración Latinoamericana, INTAL/BID, Buenos Aires, 2000.
(2) Se refieren diversos datos e investigaciones sobre la superioridad gerencial de la participación en Bernardo Kliksberg “Seis tesis no convencionales sobre participación en «Instituciones y Desarrollo», revista del Instituto Internacional de Gobernabilidad, No. 2, diciembre 1998, Barcelona, España.
(3) El caso de Villa El Salvador es analizado en detalle por Carlos Franco en su trabajo “La experiencia de Villa El Salvador: del arenal a un modelo social de avanzada”, incluido en la obra Bernardo Kliksberg “Pobreza, un tema impostergable. Nuevas respuestas a nivel mundial”, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, Caracas, cuarta edición 1997. Sobre el caso del presupuesto municipal participativo en Porto Alegre puede verse: Zander Navarro “La democracia afirmativa y el desarrollo redistributivo: el caso del presupuesto participativo en Porto Alegre, Brasil”. Incluido en Edmundo Jarquin, y Andrés Caldera (comp.), «Programas sociales, pobreza y participación ciudadana», BID, Washington, 2000.

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*Asesor de diversos organismos internacionales entre ellos ONU, OIT, OEA, UNESCO, y otros. Ha sido Director del Proyecto de las Naciones Unidas para América Latina de Modernización del Estado y Gerencia Social y Coordinador del Instituto Interamericano para el Desarrollo Social (INDES/BID). Entre otras distinciones que le fueron otorgadas designado: Profesor Honorario de la Universidad Nacional de Buenos Aires, Profesor Emérito de la Universidad de Congreso (Argentina),Doctor Honoris Causa de la Universidad del Zulia y Doctor Honoris Causa de la Universidad Nacional Baralt (Venezuela). Entre sus últimas obras: Desigualdade na America Latina. O debate adiado (Unesco,Cortez Editora 2000), La lucha contra la pobreza en América Latina (Fondo de Cultura Económica 2000), America Latina: una regiado de risco-pobreza, desigualdade e institucionalidade social (Unesco, 2000), Pobreza. Nuevas respuestas a nivel mundial (Fondo de Cultura Económica, 1998), Repensando o Estado para o desenvovimento social (Unesco, Cortez, 1998), O desafío da exclusao (FUNDAP, 1998). Las opiniones expuestas en este trabajo son del autor y no representan necesariamente las de la organización donde se desempeña.
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